Un breve careo entre el licenciado José Andreu Fuentes, y el secretario de Estado, Kenneth McClintock, durante la comparecencia del titular de Justicia, Guillermo Somoza, acabó con la cordialidad que había permeado en las vistas de transición entre el gobierno saliente de Luis Fortuño y el entrante de Alejandro García Padilla.

La corta disputa se suscitó mientras Andreu Fuentes, del comité de transición entrante, cuestionaba a Somoza sobre las vacantes en plazas de fiscales y los nombramientos de última hora que realiza Fortuño en las postrimerías de su mandato.

Las preguntas de Andreu Fuentes iban dirigidas a si la administración actual buscaba llenar los puestos antes del cambio de mando para impedir que el nuevo gobierno pudiera hacerlo.

Somoza, quien no tiene poder de nominación, reiteraba que llenar esos puestos era necesario. Cuando el interrogatorio continuó subiendo de tono, McClintock intervino para preguntar e intentar aclarar la situación.

"¿Las vacantes estarán llenadas con toda probabilidad en este cuatrienio?”, preguntó McClintock. “Eso es correcto”, respondió rápidamente Somoza.

Acto seguido, Andreu Fuentes manifestó que “hay dudas”, mientras McClintock intentaba hacer otra pregunta.

Esto provocó que McClintock le dijera, en tono fuerte, “deme la oportunidad, yo estoy en el uso de la palabra, y estoy en el uso para hacer una pregunta, no estoy haciendo un "statement". Vamos a mostrar un poquito de disciplina”.

Durante la vista de transición, que se realiza en la sede del Departamento de Estado en el Viejo San Juan, también coparon la discusión temas como la mudanza de Justicia a un nuevo edificio y los contratos con bufetes o abogados externos.

A preguntas del comité, Somoza reveló que la compra del antiguo edificio de Westernbank, en Hato Rey, se realizó mediante una línea de crédito otorgada por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) que podría aumentarse hasta llegar a $85 millones.

Indicó que, hasta el momento, la compra del edificio será por $35 millones, mientras que los trabajos de remodelación podrían alcanzar $8 millones.

De igual forma, Somoza reveló que se evalúa la demolición de la sede actual de Justicia, ubicada en Miramar, para vender el lote y utilizar el dinero que se obtenga para abonar a la deuda de la agencia, que no se indicó a cuánto asciende.

La ex jueza Dolores Rodríguez, del comité de transición entrante, fue quien cuestionó sobre los millonarios contratos que Justicia ha otorgado a bufetes o abogados externos, como la licenciada Ivonne Feliciano, quien ocupó brevemente la procuraduría de las Mujeres durante la presente administración.

Según Rodríguez, Feliciano ha obtenido contratos con Justicia por un total de $151,000. Agregó que, entre los contratos otorgados por esa agencia a la también ex jueza se encuentra uno por $12,750 en un mes, otro por $45,000 en cinco meses y otro por $86,000 en nueve meses.

La directora de la División de Litigios de Justicia, Griselle Santiago, dijo que Feliciano atiende el caso de Rosa Lydia Vélez sobre educación especial y otros relacionados a policías. Agregó que la licenciada maneja “casos complejos, y hace mociones de desestimación y prevalece en ellas”.