El exrepresentante José Luis Rivera Guerra no irá a prisión por las violaciones éticas por las que se declaró culpable, pero tendrá que rendir servicio comunitario durante 40 días y pagar multas ascendentes a $2,900.

La jueza superior Isabel Llompart, del Tribunal de San Juan, le impuso al exlegislador del Partido Nuevo Progresista (PNP) la pena máxima por los tres cargos que pesaban en su contra por residir en una vivienda sin permiso de uso y no reportar a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) la construcción de una piscina.

Al salir de la sala 1108 del tribunal, Rivera Guerra dijo estar "positivo y mirando al futuro".

"Hay que cumplir con las cosas que uno tiene que cumplir", sostuvo el exrepresentante por el distrito 17 (Moca y Aguadilla), quien expresó que actualmente labora en un colmado propiedad de su padre, en el centro urbano de Aguadilla.

Rivera Guerra hizo alegación de culpa a principios de mayo tras llegar a un acuerdo con la Oficina del Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente (FEI) mediante el cual le fueron reclasificados los dos cargos graves que se le imputaban por violar el artículo 4.11 de la Ley de Ética Gubernamental a dos menos graves por violar el artículo 268 del Código Penal del 2004, que sanciona la “negativa a contestar o suplir información fiscal”.

De igual forma, tras el acuerdo, la denuncia original por violar un artículo de la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos cambió también de grave a menos grave al ser reclasificada por otro artículo en el mismo estatuto.

A pesar de su convicción, Rivera Guerra rechazó haberle fallado a la ciudadanía, e intentó justificar los delitos cometidos con la atención que, según dijo, prestó a sus funciones legislativas.

"No le fallé (al pueblo) como legislador, eso lo dijo el propio FEI. Estuve atendiendo al pueblo más que a mi familia, y por eso es que viví mi casa sin permiso de uso, de lo que me hice culpable en mayo. Atendí más a mi pueblo que a mi familia, y lo estoy pagando de esta manera", sostuvo.

La sentencia combinada corresponde a 20 días de servicio comunitario, con jornadas de ocho horas, por cada uno de los cargos correspondientes al artículo 268 del Código Penal, al igual que $1,050 de multa por cada una de esas denuncias.

“Es la máxima pena que el artículo 268 me permite”, advirtió la jueza superior Llompart.

Además, Rivera Guerra tendría que pagar $500 adicionales por violentar la Ley de Permisos, y $100 por cada uno de los tres cargos de una condena especial que irán al fondo de asistencia a víctimas y testigos.

El abogado de la defensa, Iván de Luis Miranda, dijo en sala que no solicitarían prórroga para saldar las multas, y anticipó que las pagarían este jueves luego de la vista.

El informe presentencia del oficial sociopenal recomendó las sanciones económicas y labor comunitaria al tomar en cuenta la situación económica, laboral y social del exlegislador novoprogresista.

El abogado defensor dijo en sala que Rivera Guerra tiene “recursos muy limitados”. “Entiendo que no es indigente, pero tiene unas necesidades”, indicó.

Al concluir la vista, el abogado manifestó que Rivera Guerra se prepara para tomar varios exámenes para actualizar sus licencias y certificaciones como químico.

Mientras, la fiscal especial independienente Luz Ivette Burgos se mostró satisfecha con la imposición de la codena máxima, y dijo que la convicción envía un mensaje en contra de la impunidad, aun con la rebaja en los cargos.

"Esto ha sido un buen ejemplo para todos los funcionarios públicos de este país... Todo funcionario público tiene unos deberes para su cargo, y todo funcionario que quiera ingresar al sistema público de este país tiene que pensarlo dos veces porque tiene que venir a trabajar para el pueblo, no trabajar para él", subrayó Burgos.

La jueza fijó para el 24 de septiembre la vista de seguimiento del caso para discutir entonces el trabajo comunitario que rendirá Rivera Guerra. Los términos serán determinados por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.