El secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, defendió hoy, martes, ante la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico (CDC) la consulta de estatus político que se llevó a cabo en el país el pasado 6 de noviembre de 2012.

Al mismo tiempo, reclamó encaminar "una elección especial mediante la cual el pueblo de Puerto Rico elegirá una asamblea de estatus", según propuso el PIP en septiembre pasado cuando se sometió el Proyecto del Senado 0719.

Al plantear que la debatida votación fue "celebrada en virtud de legislación propuesta por el poder ejecutivo" y luego debidamente aprobada por Cámara y Senado, Dalmau destacó las cualidades de lo válido, que se refieren a algo firme, exacto y legal.

El excandidato a gobernador del PIP testificó en vista pública de la Comisión Especial para la Investigación, Vistas Públicas y Estudio Jurídico relativo a la Consulta sobre el Estatus Político de Puerto Rico del 6 de noviembre de 2012, constituida por los licenciados Andrés Salas Soler, Víctor García San Inocencio y Eudaldo Baez Galib.

Según Dalmau, esa votación tiene la cualidad de firmeza "en la expresión de los puertorriqueños en contra de la relación colonial a la que hemos sido sometidos durante más de un siglo", así como de exactitud, "al reflejar la voluntad que hasta entonces parecía silente, de la mayoría de los electores (53.9%), que es la mayoría anticolonialista, que rechaza la reslación de subordinación política" entre Puerto Rico y Estados Unidos.

Sobre su legalidad, entre otros señalamientos, sostuvo que la misma "configuró un ejercicio incuestionable de expresión política de los puertorriqueños, a favor de su autodeterminación" y procedió a interpretar lo que a su juicio representó, entre otras expresiones de los electores, la victoria del no.

"El triunfo del no significa el resquiebro de las viejas teorías antidemocráticas....el triunfo del no es demostrativo del consenso anticolonialistas...y han alcanzado consenso a los efectos de que el estatus político actual es el problema y no puede ser considerado como solución", sostuvo Dalmau.

Puntualizó que los resultados de la consulta del 6 de noviembre de 2012 son "un mandato político y moral" que obliga al gobierno de Estados Unidos, así como al de Puerto Rico. En tal sentido, precisó que Wahington debe rconocer su relación "ilicita y tiránica" en la Isla. Mientras, el gobierno colonial debe "abstenerse de torpedear" las iniciativas locales para "articular un reclamo de descolonización".

Dalmau manifestó que el gobierno encabezado por Alejandro García Padilla está obligado a dar curso al proyecto presentado por el PIP en septiembre pasado "para convocar a una elección especial mediante la cual el pueblo de Puerto Rico elegirá una asamblea de estatus".

Sobre Estados Unidos, por otro lado, sostuvo que el gobierno norteamericano "viene en la obligación de hacer cumplir en Puerto Rico un proceso que facilite el ejercicio pleno del derecho a la autodeterminación".

A juicio de Dalmau, el Congreso federal debe pronunciarse sobre "qué opciones descolonizadoras y en qué términos está dispuesto a ponerles en vigor, y está obligado además a comprometerse con un proyecto definitivo de transición a la independencia de Puerto Rico"

"En mi perspectiva, Estados Unidos está obligado a garantizar al pueblo de Puerto Rico una transición justa, que convierta a Puerto Rico de una colonia sometida a la dependencia, a una Nación Estado investida con los poderes propios de la soberanía e independencia, capaz de insertarse en el ámbito de las relaciones y comercio internacionales", sostuvo.

Concluyó que Estados Unidos viola el ordenamiento internacional de protección de los derechos humanos "y lo estará indefinidamente, hasta tanto cumpla con su obligación de descolonizar a Puerto Rico, por medio de una proceso genuino que garantice la autodeterminación".