Jueza de PROMESA: “Habrá dolor y desilusión”

Por Istra Pacheco 05/17/2017 |01:14 p.m.
Indicó que no se puede “apagar las luces y cerrar la puerta”, por lo que se debe “trabajar para un mejor futuro”. (Archivo)  
Sin embargo, enfatizó que su prioridad es que Puerto Rico pueda salir tan fuerte como pueda al final del camino.

“Habrá dolor y desilusión”.

La jueza Laura Taylor Swain, designada para evaluar los casos tras la radicación de quiebra bajo el Título III de la ley federal PROMESA, reconoció hoy en su primera vista judicial que será un proceso complicado, pero enfatizó que su prioridad es que Puerto Rico pueda salir tan fuerte como pueda al final del camino.

La jueza indicó que se debe aceptar que el pasado no fue perfecto y que ya no se puede regresar en el tiempo para arreglar las cosas que estuvieron mal, pero dijo que lo que sí se puede hacer es trabajar para resolver la situación actual.

“No se va a poder pagar todo completo y en el tiempo en que se supone… no habrá soluciones fáciles… pero los sacrificios tienen un valor”, afirmó al iniciar la vista en la corte federal.

Indicó que no se puede “apagar las luces y cerrar la puerta”, por lo que se debe “trabajar para un mejor futuro”.

La jueza decidió además que habrá una página web con acceso gratuito para que todo el mundo esté al tanto de las decisiones y de todos los documentos que se presenten. También pidió a los abogados de la Junta de Supervisión Fiscal que de todo lo que sometan incluyan sus respectivas versiones en español.

También decidió que por el momento las reclamaciones de los bonistas de Obligaciones Generales (GO’s, por sus siglas en inglés), que son las que están garantizadas por la Constitución y los de la Corporación para el Interés Apremiante (COFINA), se atenderán en conjunto de manera administrativa. Más adelante la jueza debe resolver si en términos judiciales los casos se verán por separado.

Los bonistas de GO’s han reclamado que es ilegal el pago de la deuda con COFINA, que no son bonos garantizados y son los únicos de los acreedores del gobierno que siguen cobrando.

Por otro lado, el abogado de la JSF, Martin Bienenstock, reconoció que en los próximos días en muy probable que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) se acoja al Título III de PROMESA que implica ver en corte la negociación de la deuda, que según dijo asciende a $6,000 millones.

El resto de la deuda se divide de la siguiente manera: Autoridad de Energía Eléctrica tiene deuda ascendente $9,000 millones, el Banco Gubernamental de Fomento $4,000 millones, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados $4,600 millones , la Universidad de Puerto Rico $572 millones, la Administración de Sistemas de Retiro $3,100 millones.

Mientras tanto la deuda del Centro de Convenciones es de $531 millones, el de la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura $2,100 millones y la Autoridad Metropolitana de Autobuses es de $128 millones. Estas tres junto a la deuda de ACT están en lo que se conoce como clawbacks lo que quiere decir que sus fondos están resguardados en una cuenta separada.

En horas de la tarde Marcia Goldstein de la Corporación National Public Finance Guarantee acusó a la JSF de no ser transparente y de no proveer la información financiera que se necesita durante el proceso de negociación.

“Hemos tenido obstáculos a nuestros pedidos de información… Se debe tener apertura real y absoluta de los datos financieros pero estamos muy, muy lejos de eso. Pedimos a la Junta que como parte de su trabajo incluya el acceso a la información. No importa lo que pase en la litigación se necesita  datos confiables”, expresó.

Goldstein también dijo estar sorprendida de saber que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AFFAF ) vaya a representar a los bonistas de COFINA y de los Go’s simultáneamente por entender que hay un conflicto de interés y urgió a que se resuelva para poder mover la negociación hacia adelante.

Otro reclamo fue el Ellen Halstead representante de varios bonistas quien aseguró que el Plan Fiscal del gobierno no cumple con la Constitución de Estados Unidos ya que no respeta el orden de prioridad en los pagos que se deben realizar, tal y como lo establece la Carta Magna.

Regresa a la portada