En una decisión sorpresiva, luego que el Tribunal Supremo boricua les prohibiera votar a los electores inactivos, la jueza Carmen Consuelo Cerezo reclamó la supremacía federal ordenándole al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que permita  a estos ciudadanos votar.

Cerezo instruyó a Héctor Conty colocar la orden en  los colegios electorales.

“Se le ordena al presidente de la CEE, Héctor Conty,  postear la orden en inglés y en español antes de las 8:00 a.m.  en todos los colegios electorales para difundirla a los electores, a los observadores electorales, funcionarios de la CEE y a cualquier persona prestando un servicio en los colegios”, expresó la jueza.

La  magistrada, quien mantiene jurisdicción en el caso Myrna Colón Marrero vs. CEE,  fundamenta su orden en el derecho de estos electores que no votaron en los comicios del 2008 a ejercer su derecho bajo la ley federal Helping Americans to Vote (HAVA). Señaló que  la CEE está obligada bajo esta ley federal a permitir el voto provisional –añadido a mano– a los cerca de 300,000 electores inactivos.

La jueza agrega en su orden que, de haber cuestionamientos legítimos, la CEE  segregará esos votos  para determinar con posterioridad  qué habrá de hacer con los mismos.

“Dada la importancia de las controversias constitucionales estatutarias pendientes de adjudicarse (en el caso de Myrna Colón Marrero vs. CEE) y con el fin de retener mi autoridad  y poder de resolver estas controversias, ordeno que  se les permita a todos los electores I-8 que se presenten a votar el 6 de noviembre, emitir un voto provisional de acuerdo con la sección 9.042 del Código Electoral de Puerto Rico”, apuntó.

Esta orden responde a una moción urgente radicada el sábado por el abogado Carlos del Valle, quien representa a la electora inactiva Myrna Colón Marrero.

Del Valle le expuso a Cerezo que el Tribunal Supremo de Puerto Rico había emitido una decisión en la que ordenó a la CEE entregar las listas de los electores inactivos en las unidades electorales, prohibiéndoles a estos electores votar y sugiriendo que podrían ser procesados.  

Del Valle, además, le expuso que, de ocurrir esta situación el 6 de noviembre, se estaría lesionando el derecho federal de estos electores, estableciendo la supremacía de una ley federal sobre la de Puerto Rico. 

“La orden de la jueza Cerezo restablece el orden jurídico en Puerto Rico, contrario a la interpretación del Tribunal Supremo de que las leyes de Puerto Rico están subordinadas a las leyes federales, particularmente cuando HAVA les concede a estos electores inactivos el emitir su voto provisional en los colegios añadidos a mano”, dijo Carlos del Valle a Primera Hora.

Tiene que proteger el derecho federal

La importancia de la decisión de Cerezo, a juicio del  abogado Harry Anduze, es  que de prevalecer en los méritos con posterioridad a las elecciones el reclamo del derecho federal,  se logró proteger el derecho al  voto de los demandantes.

“Ella tenía que evitar que a esta persona se le impidiera expresar su decisión electoral. Cualquier juez prudente tenía que permitirlo. Si no lo hubiera permitido, aun cuando la persona prevaleciera en los méritos como se anticipa, hubiese habido un daño”, dijo.

El analista político Ignacio Rivera, entretanto, expresó que el voto de un ciudadano americano no puede restringirse, a menos que hay una causa de peso para su exclusión.

“Que vote todo el mundo. ¿Eso le causa un trauma? Que vote todo el mundo y que gane el que saque más votos. Las restricciones ficticias son jugarretas para que gane una u otra tribu. Eso no es democrático”, acotó.