El juez Yamil E. Marrero Viera, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, desestimó la demanda en la que los familiares de las alegadas víctimas fatales de la bacteria Acinetobacter baumannii reclamaban el cierre del Hospital de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Federico Trilla.

 La sentencia fue emitida el pasado 5 de diciembre, pero se les informó a las partes a finales del mes pasado, según los documentos procesales del Tribunal.

La petición del cierre se hizo luego del escándalo causado por la confirmación de parte del Departamento de Salud y el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta de que el hospital tenía niveles sobre lo normal de la bacteria Acinetobacter baumannii. Se alega que la presencia de la bacteria provocó al menos 32 muertes de pacientes internados en la Unidad de Intensivo, según trascendió.

“Este Tribunal desestima con perjuicio (que no podrá presentarse otro recursos bajo los mismo argumentos) la demanda sobre interdicto preliminar y permanente presentada el 23 de octubre de 2013”, detalló el juez Marrero Viera en su escrito.

 En su decisión, el juez reconoció el poder que tiene el Departamento de Salud para determinar si cierra o no una institución médica.

“Una vez concluya la vigilancia epidemiológica que continua actualmente en curso en el Hospital, sería el Departamento de Salud quien, de entenderlo necesario y pertinente, tendría la facultad al amparo del artículo 26 de la Ley de Facilidades de Salud para suspender o revocar la licencia del Hospital”, indica la sentencia, copia de la cual obtuvo este diario.

Pero, más importan aún, el juez Marrero Viera determinó que el impacto del cierre del hospital sería adverso para el interés público.

 “Este Tribunal es de la opinión que, en ausencia del cumplimiento con los criterios elementales para conceder este remedio extraordinario, ordenar el cierre del Hospital tendría un impacto nocivo e irreparable para el interés público”, lee el documento oficial.

Asimismo, el juez dejó claro que el Departamento de Salud “amerita deferencia” en el proceso a seguirse para que el hospital de la UPR de Carolina cumpla con los estándares de seguridad. De hecho, la secretaria de Salud, Ana Rius, anunció el pasado 17 de diciembre que áreas que se habían identificado como contaminadas fueron reabiertas al uso. Estas zonas fueron la Unidad de Cuidado Intensivo, que ubica en el cuarto piso de la institución, así como el centro de diálisis en el quinto piso.

 Mientras, el juez afirmó que el abogado de los demandantes, Marcos Rivera, no presentó prueba suficiente como para "poner a este tribunal a resolver, como correspondería hacer a un promovente que cumple con los criterios que justifican la concesión de un remedio interdictal".

Actualmente, el hospital de la UPR tiene un Programa de Observadores 24/7 con el propósito de vigilar por el cumplimiento al 100% de los protocolos de higiene de lavado de manos, precauciones de contacto, lavado bucal en pacientes con ventilación mecánica, y limpieza de cuartos y equipos. El Programa de Observadores 24/7 monitorea y documenta diariamente el cumplimiento con tales protocolos de higiene por el personal del hospital.