El juez federal Gustavo A. Gelpí ordenó embargar los fondos al Departamento de Salud correspondientes al pago del primer trimestre del año a los Centros de Salud Primaria de Puerto Rico 330, luego de que el Gobierno del Estado Libre Asociado procediera a pagar solamente parte del monto total de $9,389,743 y con un cheque cuyos fondos estarían disponibles después del 30 de junio. 

El Departamento de Salud adelantó de inmediato que recurrirá la orden al Primer Circuito de Apelaciones de Boston.

“A la luz del flagrante fracaso del gobierno estatal de no cumplir con la orden clara y no ambigua de esta corte... la corte no tiene otra opción más que emitir una orden de embargo en este momento de los $9,389,743 no pagados que se les debe a los demandantes. En adición, el cheque depositado por el Gobierno en Secretaría no tiene fondos, por lo que será rechazado y devuelto de inmediato", lee la orden de Gelpí. 

El 5 de junio pasado, Gelpí dio hasta el 17 de junio para que el Gobierno pagara los más de $9 millones adeudados a los llamados Centros 330, correspondientes a un pareo de fondos del programa Medicaid para el primer trimestre del 2015, esto luego de escuchar a las partes en una vista el 3 de junio. Advirtió en la orden que de no cumplir con el pago, tendría que tomar medidas como embargar las cuentas correspondientes al Departamento de Salud.

Mas el 17 de junio, el Gobierno emitió un pago de $3,676,798.18 al alegar que no estaban de acuerdo con la cantidad de la deuda presentada ante la consideración de la corte, y que apelarían dicha cantidad. Además, hicieron la salvedad de que el cheque no tenía fondos, pero que estarían disponibles después del 30 de junio, cuando comienza el nuevo año fiscal.

"Ese depósito de fondos no satisface la orden de la corte ni la cantidad adeudada. Por lo tanto, la corte embargará la suma total de $9,389,743 de inmediato", advirtió Gelpí.

El juez destacó que ayer, jueves, en una vista en el Senado, el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, dijo que el Departamento de Hacienda "no tiene planes de trabajo y es virtualmente como un capitán navegando mirando a las estrellas, en vez de usar mapas y compás".

"A pesar de la falta de organización del Gobierno relacionado a su estado financiero, sin embargo debe cumplir con las leyes federales cuando recibe beneficios del programa Medicaid. La decisión de la corte hoy se hace considerando los intereses de justicia y no se ha tomado a la ligera por este servidor. Se emite la orden de embargo", agregó el juez en su orden.

Gelpí destacó que el Gobierno no puede decidir cuánto pagar y dijo estar "asombrado" con el Departamento de Salud por aceptar que no presupuestó el pareo de fondos correspondientes en este caso, que lleva litigándose desde el 2003.

"De ser así, esto es ciertamente una irresponsabilidad gigantesca, y una mala práctica de los oficiales de la Rama Ejecutiva de no cumplir con leyes federales. Este caso lleva litigándose hace más de una década", destacó el juez.

Se defiende Ríus

La secretaria de Salud, Ana Ríus Armendáriz, destacó que la recomendación del Departamento de Justicia es que llevarán el caso al Tribunal de Apelaciones.

"Ya habíamos depositado en corte $3.6 millones cuyo cheque fue cambiado y redimido en la Corte Federal. De igual forma, se le había pagado a la Playa de Ponce lo que le correspondía por acuerdo que era $1.6 millones, cuyo cheque también fue cambiado y redimido. Lo que significa que solo quedarían por pagar $4 millones que nosotros no reconocemos, ya que en nuestra agencia se efectuó un proceso de auditoría en el cual se determinó que la deuda era de $5.4 millones y no de $9.4 millones", indicó Ríus en un comunicado de prensa.

"No pagamos porque nos neguemos a pagar o porque no haya dinero, sino porque se hizo una auditoría y lo que refleja es que la cantidad real a pagar es de $5.4 millones y no de $9.4 millones. El juez no aceptó la auditoría, dijo que primero pagáramos y luego se nombrará un monitor para hacer la correspondiente reconciliación, por eso estaremos apelando. Quiero destacar que esta es la primera vez desde los comienzos del caso de los 330 que se hace una auditoría con data real y no estimada", agregó la Secretaria de Salud.

En la vista del pasado 3 de junio, el Gobierno sostuvo que tenía los cheques hechos, pero no los fondos para poder pagar, y que ya gastaron $329 millones que recibieron para el programa Medicaid.

Al emitir su orden el 5 de junio, Gelpí destacó que ya ha dado varias extensiones de tiempo y que nombraría un asesor o monitor en este caso para asegurar el cumplimiento de los pagos.

"La corte espera el cumplimiento de esta orden. La corte ha tenido deferencia con el Gobierno y, hasta ahora, ha evitado tomar pasos drásticos. Pero no puede continuar así per secula seculorum. El Gobierno voluntariamente acordó participar en los programas de Medicare y Medicaid. Recibe millones de fondos federales y, a cambio, tiene que cumplir con las regulaciones federales. Los demandantes no son los malos. Simplemente piden lo que por mandato federal les corresponde, ni un centavo más ni un centavo menos. Y la corte tiene una obligación constitucional de hacer valer las leyes federales, aun entendiendo la crisis fiscal que enfrenta el Gobierno desde administraciones pasadas. Esta no es una nueva obligación que enfrenta. Lo sabe desde hace mucho tiempo y debe presupuestar los millones de dólares que le competen", señaló Gelpí.

Desde 2002, se estableció la ley para parear fondos federales y pagarle a los Centros 330, que ofrecen servicios primarios y preventivos, como pruebas de cernimiento, servicios de vacunación, nutrición, trabajo social, salud mental, dentista, planificación familiar, laboratorio y farmacia, entre otros.

Los centros demandantes son: Río Grande Community Health Center, Inc., Concilio de Salud Integral de Loíza, Inc., Dr. José Belaval Inc., Atlantic Medical Center, Inc., Camuy Health Services, Inc., Centro de Salud Familiar Dr. Julio Palmieri Ferri, Inc., Ciales Primary Health Care Services, Inc., Corporación de Servicios Médicos Primarios y Prevención de Hatillo, Inc., Corporación de Servicios Integrales de Salud Integral de la Montaña, Inc., El Centro de Salud de Lares, Inc., El Centro de Servicios Primarios de Salud de Patillas, Inc., Gurabo Community Health Center, Inc., Hospital General Castañer, Inc., Hospital General Castañer, Inc., Migrant Health Center, Inc., Morovis Community Health Center, Inc., Rincón Health center, Inc., y Toa Alta Comprehensive Urban/Rural Advanced Health Services, Inc. 

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