El representante Gabriel Rodríguez Aguiló informó este miércoles que un juez federal advirtió al alcalde de Ciales, Juan Rodríguez Pérez, que podría ser encarcelado por desacato si no cumple con la orden de indemnizar y reinstalar a 13 de empleados municipales que supuestamente fueron discriminados por su afiliación política.

El legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP) divulgó la advertencia que hiciera ayer, martes, el juez federal José Fusté al alcalde de Ciales si no acata el dictamen de reinstalar y pagarle sobre $1 millón a dichos empleados.

De acuerdo a la orden emitida ayer, los 13 empleados fueron discriminados de manera “maliciosa, abierta e imprudente” por parte del alcalde de Ciales tan pronto el Partido Popular Democrático (PPD) ganó las elecciones municipales en el 2012. 

Según la sentencia, los 13 empleados, que se desempeñaban como maestros, asistentes de maestros, secretarias y cuidadores de niños, fueron contratados hace 11 años desde la creación del programa, y fueron despedidos únicamente porque estaban afiliados al Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Las acciones del alcalde se tomaron en total desprecio de los principios básicos de la ley. El discrimen fue intencional, malicioso, flagrante, abierto e imprudente... Sus acciones se tomaron en total menosprecio del excelente récord de los empleados”, lee la sentencia.

El juez añade que, de manera “descarada, cruda e irresponsable, el señor Arocho, quien fungió como director de campaña del alcalde, confeccionó la lista de los trece empleados que debían ser despedidos del programa que, como cuestión de hecho, se nutre de fondos federales".

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El representante Rodríguez Aguiló indicó que la evidencia contra el alcalde de Ciales fue “devastadora”, tal como lo expresó Fusté.

“Estos trece empleados fueron despedidos sólo por ser penepés y en el Tribunal federal desfiló abundante prueba de que tanto el alcalde como otros allegados se dieron directamente a la tarea de buscarle sustitutos afiliados al PPD (Partido Popular Democrático), aunque no cumplían con requisitos tan básicos como la educación necesaria. Tampoco se les solicitó documentación tan sensitiva como prueba de que no figuraban en el Registro de Ofensores Sexuales, indispensable para trabajar con niños. Como dijo el juez Fusté, ‘la prisa era obvia’”, expresó el representante novoprogresista.

Rodríguez Aguiló detalló que el jurado le otorgó compensaciones económicas-- y reinstalación-- a Blanca  Vázquez Burgos, Nadianet Guadalupe Santos, Margarita  Rodríguez Grau, Blanca Olivo Miranda, María Rivas Miranda, Luisa Acevedo Rivera, Rebecca Ortiz Ortiz, Felícita Rivera Cruz, Alba Figueroa Otero, Nilsa Miranda Rosario, Nancy Ortiz Lorenzana, Wanda Vázquez Burgos y Myrta Serrano Cruz.

Los demandantes deberán ser reinstalados en un término no mayor de 10 días y la indemnización millonaria debe ser pagada en su totalidad en o antes de 30 días, “so pena de desacato civil, incluyendo la consecuencia del encarcelamiento a tenor con las reglas civiles de desacato”, establece la sentencia.