Haciendo valer el mandato que le otorgó la Ley Promesa, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dictó esta mañana que Puerto Rico tendrá que vivir el próximo año fiscal con el presupuesto que ellos determinaron, y no con el que había presentado el gobernador Ricardo Rosselló.

Si bien las versiones propuestas por la JSF y el gobierno coincidían “en más de 90 por ciento”, según declaraciones del presidente José Carrión, a partir de mañana entrará en vigor el presupuesto fiscal que decidió la JSF. 

Carrión dijo que esperaba que el gobierno cumpla, y que si eso no ocurriera, las diferencias que queden pendiente entre el gobierno y la JSF tendrían que resolverse en el tribunal. 

Este presupuesto dispuesto por la JSF contó con la aprobación unánime de sus miembros.

Durante la reunión también se discutieron otros asuntos, como la solicitud de protección de quiebra para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y los presupuestos de algunas agencias. 

La JSF aceptó colocar a la Autoridad de Energía Eléctrica bajo las protecciones de quiebra establecidas en el Título III de la Ley Promesa. Antes en el día, el gobernador Ricardo Rosselló había solicitado a la JSF que tomara esa acción.

Por otro lado, el organismo aprobó, de forma unánime, el presupuesto para el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), fijado en $28.9 millones. 

También se atendieron los presupuestos de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado (AAA) y la AEE. Sin embargo, la JSF dispuso que los planes de estas tres agencias deberán ser revisados dentro de 45 días. 

Al concluir la reunión, respondiendo a las preguntas de la prensa, Carrión aclaró que la millonaria reducción de presupuesto a la Legislatura -dispuesta en el plan fiscal- es en gastos operacionales, no en las asignaciones legislativas. En total, la reducción de presupuesto a la Legislatura alcanzó $24 millones.

El presidente de la JSF, no obstante, confirmó que el presupuesto sugerido por el gobierno coincidía en más de 90 % con el que proponía la JSF, y que las principales diferencias estaban con la Legislatura. Reiteró que de no haber acuerdos en las discrepancias entre Junta y gobierno, las mismas se tendrían que decidir en un proceso judicial. 

Respondiendo a otras preguntas de la prensa, Carrión afirmó que la Junta estará poniendo en su página web juntasupervision.pr.gov los detalles de sus gastos. Aclaró que la mayor parte se va en gastos de abogados. Dijo que a los miembros de la Junta “nos da vergüenza” tener que hacer tales gastos, pero alegó que “son gastos necesarios”. 

Ana Matosanto, también miembro de la JSF, aclaró que de momento no se darán las medidas más difíciles como la reducción de la jornada laboral, gracias a que el gobierno logró separar unos $200 millones para garantizar su liquidez, lo que era el requisito para evitar que esa reducción ocurriera. Sin embargo, para septiembre, podría darse el escenario de reducción de jornada laboral. 

Asimismo, la JSF consignó que la Universidad de Puerto Rico (UPR) era considerada un servicio esencial, pero aclaró que también estaba sujeta a los recortes. El recorte de la UPR es de $164 millones.