El Departamento de Justicia esperaba la demanda que ya fue radicada para impugnar la controvertible ley de quiebra criolla, informó este lunes el secretario de Justicia, Cesar Miranda.

 “Era de esperarse. Anticipábamos que situaciones como esta habrían de ocurrir. Cada vez que tú tomas una iniciativa de esta naturaleza alguien va a reaccionar. Así que no nos sorprende en lo más mínimo. Los argumentos que se están esbozando también eran anticipables. Así que no es ninguna sorpresa”, sostuvo en entrevista radial (NotiUno).

 La Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas fue radicada el pasado miércoles por el gobernador Alejandro García Padilla y aprobada ese mismo día por el Senado y la Cámara de Representantes. Sin embargo, no fue hasta el pasado sábado que el gobernador estampó su firma y la convirtió en ley.

Tras conocerse del acto, las franquicias Franklin Funds y Oppenheimer Rochester Funds presentaron el mismo sábado la primera demanda para alegar que solo el Congreso de Estados Unidos podría aprobar legislación para viabilizar la quiebra en la Isla.

 Según Miranda, aún el gobernador García Padilla, el Departamento de Justicia, el Banco Gubernamental de Fomento y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), entes contra los cuales se radicó la demanda, no han sido emplazados.

 El reconocido abogado popular expuso que, antes de presentarse la legislación, se analizó el argumento que exponen en su demanda estos bonistas sobre la injerencia única del Congreso para legislar sobre quiebras.

 “Eso está estudiado antes de aprobarse esta ley. Se pasó juicio sobre toda esa determinación. Se concluyó que efectivamente hay una prohibición para Puerto Rico poderse acoger a la Ley de Quiebra. Pero Puerto Rico, en el ejercicio de su soberanía en aquellas áreas que no han sido ocupadas por legislación federal, pues se puede legislar”, señaló.

 Alegó que la administración de García Padilla ha sido “más precavida que Detroit” para tomar estos pasos para reestructurar a las corporaciones públicas que enfrentan problemas financieros, como la AEE.

 “Puerto Rico tiene pleno derecho a defenderse, a proteger sus intereses. Esto es una ley completamente necesaria”, precisó Miranda, al aclarar que “aquí no se ha dicho que no se va a pagar, es que se va a pagar bajo ciertas condiciones”.

Por otro lado, el secretario de Justicia acusó a las casas acreditadoras de provocar que los bonos de las corporaciones públicas y al Gobierno hayan caído.

“Los bonos de Puerto Rico han estado bajando en el mercado mundial. Posiblemente, estos demandantes debían echarle más la culpa a las agencias acreditadoras que al Gobierno de Puerto Rico, porque el motivo por el cual los bonos han estado bajando es porque sencillamente la agencias acreditadoras que hacen el rating de Puerto Rico han emitido juicio con relación a la capacidad de Puerto Rico. Si esos juicios son negativos, pues obviamente los bonos van a bajar. No se debe la bajada a que se haya aprobado esta ley (de quiebra criolla)”, afirmó.