El Departamento de Justicia de Estados Unidos otorgó nuevos fondos para programas en Puerto Rico por la cantidad de $23.7 millones, informó este jueves el tercer oficial de mayor rango en dicha agencia, el “Acting Associate Attorney General”, Stuart Delery.

En la comunicación remitida a este medio Delery señala sentirse “complacido de informar al gobernador (Alejandro García Padilla) sobre nuevas aportaciones (grants) otorgadas a Puerto Rico”. 

“Estos fondos proveerán asistencia y compensaciones a víctimas del crimen, mejorarán las ciencias forenses, apoyarán el programa de Puerto Rico para la intervención biométrica de ofensores sexuales y para proveer asistencia en el rapago de préstamos para los defensores públicos y fiscales que se comprometan a continuar sirviendo en esas funciones”, sostuvo.

En total son siete las aportaciones que se otorgan a la Isla, según el desglose que se distribuyó hoy, jueves. 

Una de las aportaciones para el Instituto de Ciencias Forenses totaliza $525,770, que se utilizarán para aumentar la capacidad del programa de DNA de dicha institución. Otra, por la cantidad de $86,394, está dirigida igualmente a mejorar las operaciones de esta entidad. 

La aportación mayor es para el programa de asistencia a víctimas del Departamento de Justicia y totaliza $21.7 millones y lo otorga la Oficina para Víctimas de Crímenes. Otros $985,000 se asignó al programa de compensación a estas víctimas de crimen en el país. Justicia, mientras, recibirá $450,000 para otros programas que administra. 

Estas asignaciones se producen luego que el propio Delery, tras reunirse con el gobernador, informara el pasado 4 de septiembre que Puerto Rico no tendría dificultades para utilizar los fondos que asigna el Departamento de Justicia. 

La expresión del funcionario federal se produjo tras la publicación en agosto pasado de un informe que señalaba supuestas irregularidades en el uso de fondos en Puerto Rico y advertía que los mismos quedarían congelados y se pagaría solo contra evidencia de gasto aceptado. 

Las alegaciones fueron rechazadas en aquel momento por los titulares de varias agencias afectadas y se inició de inmediato una gestión de parte del gobierno de Puerto Rico para revertir la anunciada determinación. 

Las agencias que habrían quedado afectadas eran el Departamento de Justicia, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, la Oficina de Administración de Tribunales, la Procuraduría de las Mujeres, la Universidad de Puerto Rico, la Policía de Puerto Rico y el Instituto de Ciencias Forenses.