El Departamento de Justicia asignó tres fiscales y un abogado civilista para atender los casos  de embargo preventivo que  se proponen realizar contra los comerciantes  que  dejaron de remitir  el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU).

El secretario de Justicia, César Miranda, reiteró su advertencia  a los cientos de comerciantes de que se radicarán cargos  por evasión contributiva y apropiación ilegal de fondos, que conllevan sentencias  de ocho y  15 años, respectivamente,  por lo que luego que se radiquen, no habrá marcha atrás.

“Muchos están identificados y es bueno que lo sepan y cumplan. El Departamento de Justicia está trabajando con el Departamento de Hacienda.  Le asignamos tres fiscales y un abogado civilista para los embargos de propiedad con finalidad de cobro. Se harán embargos preventivos para garantizar el cobro”, afirmó.

“Esto es serio. Por eso los exhortamos a que se presenten voluntariamente a remitir los pagos y evitar así que se les acuse”, dijo.

Miranda indicó que la secretaria de Hacienda, Melba Acosta, mencionó que lleva cien investigaciones en curso y ya ha referido a Justicia otros tantos. Hay 200 agentes nuevos, agregó, a los que les están dando adiestramientos para que sean más efectivos.

“Están yendo negocio por negocio. Un agente se sentó y consumió en un restaurante y le indicaron que no le podían cobrar el IVU, pero era falso. Lo hicieron para no cobrarle. Se le impuso una multa de $20 mil”, relató.

“El riesgo es la acusación criminal. Si un comerciante no remite la información, viola la Ley de Rentas Internas por evasión de impuestos, que conlleva a hasta ocho años de prisión. Es una pena fija”, acotó.

Si se quedó con el dinero, agregó,  como está ocurriendo con muchos comerciantes, entonces incurren en una violación al Código Penal por apropiación ilegal, con una pena fija de 15 años.

“Esto es bien serio y después que se ha tomado la acción no hay marcha atrás. Por eso les pedimos que piensen bien sobre este tipo de violación. Lo que les pedimos es que envíen sus informes y las remesas que no han enviado”, dijo Miranda.

“Ese dinero no les corresponde. Le pertenece al pueblo de Puerto Rico. Si se quedan con él, es ilegal”, afirmó.

El titular de Justicia comentó que esta evasión se ha convertido en una práctica generalizada, que está significando al pueblo de Puerto Rico una privación, que según economistas, ronda en los $800 millones.

¿Cuánto se aspira a recuperar?

La aspiración es que todo el mundo cumpla con la ley y que envíen los informes y las remesas que tienen que enviar.

¿Qué representaría este dinero para el fisco?

Con este dinero se puede hacer mucha obra pública, atender los reclamos de los policías y los maestros,  arreglar escuelas, atender necesidades de los niños, arreglar carreteras y cuadrar nuestro presupuesto, sin penalizar tanto al pueblo.

Miranda reconoció el trabajo de la secretaria de Hacienda, señalando que sin ella, no hubiesen podido hacerlo.

“Ellos (Hacienda) son los que gestan la información que permiten estas intervenciones. Ya tenemos otros casos bajo investigación y hay otros referidos que nos van a llegar. Tiene 100 casos de este talante, de esta magnitud. Son pequeños y medianos comerciantes, restaurantes de lujo, gasolineras, tiendas de mercancía. Hay mucha gente que no está cumpliendo y no es justo con aquellos que cumplen, y que unos pocos carguen  con la responsabilidad”, señaló.

“Lo dramático aquí es que ese dinero no es de ellos. Por eso se les puede acusar”, repitió.

¿Ustedes considerarían otorgar una amnistía?

“Una vez que hay cargos criminales, no hay marcha atrás. Los exhortamos a que eviten la radicación de cargos. Si no pagan, habrá consecuencias”, reiteró.

“Puede elevar la captación en 75 por ciento”

El economista Gustavo Vélez presentó un estudio reciente, que coloca la captación del impuesto en un 56 por ciento y la evasión en un 44 por ciento.

Para su estudio, tomó en cuenta toda  la base de actividades, que incluye productos y servicios elegibles para pago de IVU, clasificándolos por sectores, como cafetería, restaurantes, supermercados,  tiendas por departamento, farmacias, entre otros.

Explicó que Hacienda  tiene una página que dice cuántos de esos sectores  pagaron.

¿Cree  que es factible que se pueda recuperar?

Nunca vas a capturar el cien  por ciento de la base, pero integrando, maximizando la tecnología que hay de fiscalización e integrando los municipios, se puede elevar la captación a un 75 por ciento. Eso representaría $399 millones adicionales a lo que hay al nivel actual.

Al conversar sobre la radicación de cargos a los violadores de la ley,  Vélez comentó: “eso es importante pero que sea un esfuerzo sistemático, que incluya no solo a empresas locales, sino empresas que no sean de aquí. Empresas internacionales.

El economista José Alameda comentó que “si se da por bueno el estudio que hizo Vélez, de que hay una diferencia de $ 900 millones, eso sería si se recauda el cien por ciento del total”.

“En ningún país del mundo se recauda cien por ciento de las contribuciones. Así que tendría uno que refinarlo. Tiene una estimación y lo refinamos. Del IVU, de esos $ 900 millones, estarías cobrando como el 80 por ciento, como $600 millones. Si logras tener la capacidad para recuperar $600 o $ 700 millones, obviamente podrías tener un cuadre”, apuntó.

“El déficit del año fiscal que viene, lo habían postulado en $800 millones. Si capturas el 90 por ciento, tendrías ahí, casi los $800 millones”, acotó.

Alameda comentó, no empece, que el  IVU tiene una complicación grande para los comerciantes, que es que los coloca como colectores de Hacienda.

“Eso quiere decir que  se convierte el comerciante en un intermediario de Hacienda. Lo contrató sin paga y lo penaliza. Habría que ir a otro sistema de recaudación, que los recaudadores de impuestos sean de Hacienda. Eso puede ser un arbitrio, como estaba antes”, señaló.