La Secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, informó que fue referido a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI), el informe de la investigación preliminar en torno a la otorgación de becas presidenciales en la Universidad de Puerto Rico (UPR) durante el año académico de 2015-2016.  

Los implicados son el ex presidente de la UPR, Uroyoán Walker Ramos, el ex rector del Recinto de Río Piedras,  Carlos Severino Valdez, y el expresidente de la Junta de Gobierno, Jorge Sánchez.

Según Justicia, hay causa suficiente para investigar  si el ex presidente Walker Ramos, y el ex rector Severino Valdez por utilizar  los deberes y las facultades de sus cargos para obtener, directa o indirectamente, beneficios a favor de una persona privada en contravención al Artículo 4.2(b) de la Ley de Ética Gubernamental.  

“En el caso del ex Presidente, también lo estamos refiriendo por posibles violaciones al artículo 264 del Código Penal de 2012 (Malversación de fondos públicos). Además, referimos al ex presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Dr. Jorge Sánchez Colón, ya que pudo haber incurrido en violación al Artículo 4.2(s) de la misma ley, consistente en haber incurrido en acciones que ponen en duda  la imparcialidad e integridad de la función gubernamental”,  dijo en declaraciones escritas la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced.

No se refiere a las personas que recibieron las becas, que podían ser de decenas de miles de dólares e incluían un puesto como profesor en la UPR: Mónica Sánchez, sobrina del expresidente de la Junta de Gobierno Jorge Sánchez; Arturo Ríos Escribano, exasesor del entonces gobernador Alejandro García Padilla, y Carlos Pagán, pasado ayudante del hermano del gobernador y expresidente de la UPR, Antonio García Padilla. 

La agencia aseguró que se trataba de una pesquisa que se encontraba detenida por el pasado secretario 

Es importante destacar que esta investigación estuvo paralizada por instrucción del pasado Secretario de Justicia, César Miranda, desde el 16 de noviembre de 2016, hasta el 23 de febrero de 2017, fecha en la cual se identificó  como pendiente en el Departamento de Justicia. 

A cargo de la investigación estuvieron la fiscal Mónica Rodríguez Madrigal y  la directora de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor,  fiscal Mibari Rivera Sanfiorenzo, con el apoyo del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE).