Justicia respalda creación de Registro de Cabilderos

Por Primerahora.com 04/21/2017 |01:51 p.m.
Como parte del proceso de evaluación de la medida, Jorge Navarro Suárez, requirió a Justicia las cifras de funcionarios que fungen como cabilderos que han sido procesados por influencias indebidas en los tribunales. (Suministrada)  
Wanda Vázquez destacó que el hecho de que el cabildeo sea una actuación constitucionalmente protegida, no impide su regulación por parte del Estado.

“El hecho de que el cabildeo sea una actuación constitucionalmente protegida, no impide su regulación por parte del Estado”. 

Eso subrayó en su ponencia, la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, en la continuación de vistas públicas sobre el Proyecto de la Cámara 808, de la autoría del presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez Núñez.


La medida, pretende crear el Registro de Cabilderos del Gobierno de Puerto Rico a los fines de establecer la política pública sobre el cabildeo, reglamentar la profesión y establecer penalidades, entre otros objetivos.

Durante los trabajos de la Comisión de Gobierno, la titular de Justicia, quien fue representada por el licenciado Emmanuel Guzmán Román, avaló la pieza en discusión por entender que la misma busca “mantener una sana administración pública” y que está alineada con la política pública del Gobierno de cero tolerancia a la corrupción gubernamental.

Vázquez Garced realizó una serie de recomendaciones a ser consideradas al momento de aprobarse el proyecto. 

Entre estas, incluir en la definición de ‘cabildeo’ aquellos actos dirigidos a la no aprobación o no modificación de un estado de derecho vigente, que se incluya en la lista pública de cabilderos que se requiere a los Secretarios de Cámara y Senado y del Departamento de Estado, el tipo de gestión de cabildeo que realiza cada persona que ejerza la profesión; prohibir la entrada a la Sala de Sesiones de ambos Cuerpos Legislativos a exfuncionarios políticos para evitar la apariencia de conflicto de interés o interferencia indebida; y añadir una prohibición temporal para el ejercicio de cabildeo a un oficial legislativo y un oficial ejecutivo a los efectos que no pueda intervenir en asuntos que estuvieron bajo su consideración mientras prestaba servicios como funcionario gubernamental. 

Además, propuso incluir multas como parte de las sanciones de naturaleza penal, que no debe limitarse a la pena de reclusión. Por lo que se sugiere una pena de multa de $5 mil o ambas penas a discreción del Tribunal.

A preguntas del presidente de la Comisión, Jorge Navarro Suárez, Guzmán Ramos señaló que “ciertamente el hecho de que se adopte (la medida) como ley y se acojan penalidades, ya por sí establece un disuasivo para que las personas entiendan que el Gobierno será muy estricto con la profesión de cabilderos”. 

Añadió que lo que se busca es “que el público comprenda que las gestiones gubernamentales son transparentes y debemos tener legislación adecuada para devolverle la confianza al pueblo”; e indicó que la medida no entorpece el ejercicio de cabildeo para quienes desempeñen la profesión.

Como parte del proceso de evaluación de la medida, Navarro Suárez requirió a Justicia las cifras de funcionarios que fungen como cabilderos, que han sido procesados por influencias indebidas en los tribunales.


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