La Agencia de Protección Ambiental (EPA) evalúa en este momento el informe de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) en torno a la conclusión de los trabajos de limpieza y descontaminación de la Torre Norte de Minillas para determinar si las agencias y corporaciones públicas pueden volver a operar y si los empleados que allí laboraban pueden regresar sin riesgo ni amenazas a su salud.

En semanas recientes, el director de la AEP, Gil Rodríguez Ramos, había informado a este diario que los resultados de las muestras analizadas en un laboratorio certificaron que el edificio estaba libre de fibra de asbesto y que es habitable. Estos resultados le fueron enviados a la EPA.

La portavoz de la agencia federal, Brenda Reyes, indicó que los resultados de este muestreo fueron evaluados y aprobados.

“El informe final es parte del cumplimiento de la orden dictada por la EPA, en la que se estableció que la prioridad de la agencia es la limpieza y devolver el edificio a su uso beneficioso con la mayor celeridad posible”, dijo Reyes.

“La semana entrante hay reunión con los inquilinos”, expuso Reyes sin abundar.

La EPA responsabilizó a AEP y a la compañía Aireko, contratada para los trabajos de remodelación, por lo ocurrido, ordenándoles sufragar los costos de la limpieza a partes iguales los que, según indicó el director de AEP a Primera Hora, ascienden a $2,000,000.

Exposición y daños a la salud

Como era de esperarse, ya surgió un pleito de clase en el Tribunal Federal por $300 millones contra AEP, Aireko Construction, EnviroResources, Inc., y Diómedes Vázquez o Vázquez Contractor por lesiones personales sufridas como consecuencia de su exposición a altos niveles de fibras tóxicas de asbesto durante numerosos trabajos de construcción y renovación en el edificio y para la creación de un programa médico para monitorear sus complicaciones de salud.

El abogado Erick Quetglas explicó que la demanda es a nombre de todas las personas que ocuparon las instalaciones dentro de la Torre Norte desde el 1984 y hasta su cierre el 20 de mayo de 2012 y mientras se llevaban a cabo obras de construcción o renovación en el edificio.

“En el momento de su cierre, había más de 1,000 personas que ocupaban espacios de oficinas en el edificio”, se alega.

Se indica que en el periodo comprendido de 1984 a 2012 se efectuaron numerosas obras de construcción y renovación de la AEP, por lo que la exposición fue continua.

“La inhalación de altos niveles de fibras de asbesto tóxicos es un carcinógeno humano conocido. La exposición al asbesto se ha relacionado con o está asociada con un riesgo elevado de varios tipos de cánceres, incluyendo el mesotelioma (un cáncer relativamente raro de las membranas delgadas que recubren el tórax y el abdomen)”, se señala, entre varios efectos.

Quetglas explicó a Primera Hora que en la demanda se incluye a una persona fallecida porque murió de cáncer y habrá que establecer, en su momento, si su muerte tuvo que ver con la exposición al asbesto.

De hecho, a raíz de los incidentes que provocaron el cierre de la Torre Norte, decenas de empleados se reportaron al Fondo del Seguro del Estado (FSE) preocupados por la exposición que tuvieron a las partículas de asbesto liberado, pero los daños no se podrán detectar en al menos 15 años.

Eduardo Martínez, presidente de Servidores Públicos Unidos (SPU), que representa a los empleados del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), en la Torre Norte, había denunciado la negligencia con que se manejó la remodelación y remoción del asbesto.

“Tenemos preocupación porque hay gente que han trabajado allí por 40 años y en las paredes la gente ha hecho rotos para montar fotos y cosas, y no sabemos en qué áreas está el asbesto”, apuntó entonces.