Por falta de un presupuesto de gastos del gobierno de Puerto Rico acorde con las exigencias de la Ley Promesa, la Junta de Supervisión Fiscal anunció hoy que certificó unánimemente su propio documento que regirá las finanzas para el año fiscal 2019.

La resolución aprobada señala que “ante la falla de la Legislatura de Puerto Rico de presentar oficialmente un presupuesto en cumplimiento antes del 30 de junio de 2018, la Junta ha certificado un presupuesto revisado y en cumplimiento para el territorio, en pleno vigor y efecto a partir del 1 de julio de 2018”, comunicaron en un parte de prensa.

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El presupuesto del gobierno delinea gastos para el año fiscal 2019 de $8,757,524 millones para el Fondo General y $20,663,643 millones para el Presupuesto Consolidado del Gobierno, que incluye, entre otras cosas, fondos federales. Todo, aseguran, en cumplimiento con el Plan Fiscal Certificado del Gobierno de Puerto Rico del 29 de junio de 2018.

Esta cantidad es mayor a la aprobada ayer por la Legislatura que contenía gastos para el año fiscal 2018-2019 de $8,709 millones, unos $40 millones por debajo del monto de $8,749 millones que había solicitado la Junta.

"El presupuesto aprobado es razonable y en cumplimiento con el Plan Fiscal certificado y los objetivos y metas que en él se delinean. El curso ha sido trazado; y aunque será un reto, no podemos darnos el lujo de desviarnos. Todos debemos trabajar juntos para mantener ese rumbo hacia un Puerto Rico más fuerte y con mejores oportunidades para su gente lo más pronto posible", dijo el presidente de la Junta federal, José Carrión.

El ente impuesto por el Congreso de Estado Unidos le hizo llegar su decisión al Estado por medio de una carta al gobernador Ricardo Rosselló Nevares; al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz; y al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez Núñez.

Además, la Junta que controla las finanzas de País también adoptó resoluciones unánimes aprobando los presupuestos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la Universidad de Puerto Rico (UPR), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Los planes fiscales previamente certificados para la AAA y AEE serán revisados en un futuro cercano para asegurar su alineamiento con el Plan Fiscal del gobierno, en cuyo caso los presupuestos certificados también tendrán que ser revisados para cumplir con dichas revisiones.