Con un rotundo “No”  el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), José Carrión III despachó ayer las peticiones de revisión del jugoso contrato otorgado a la directora ejecutiva del organismo federal, Natalie Jaresko, con cargo a las aniquiladas arcas de Puerto Rico.

La respuesta de Carrión fue al Primera Hora preguntarle si la Junta revisará el contrato de $625,000 anuales de Jaresko, en una conferencia de prensa en el Centro de Convenciones, en Miramar, donde  los integrantes de la JSF escucharon propuestas de desarrollo económico del gobernador, Ricardo Rosselló y de distintos sectores del País.

El Gobernador dijo que reclamó a la JSF  por la cuantía excesiva del  contrato de Jaresko, pero sostuvo  que no le han contestado. “Esto tiene que ser rendir cuentas”, indicó. 

También, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González denunció que la JSF concederá otros contratos cuantiosos y cuestionó que sean sufragados por el pueblo de Puerto Rico.

“Si el gobierno federal lo quiere pagar, santo y bueno. Tengo que cuestionar que cuando la Junta hace recomendaciones de recortes al gobierno, buenos o malos,   se gaste tanto en la fase administrativa porque me dicen que no va ser la única, que van a haber más nombramientos de ese nivel”, dijo González.

Jaresko, exministra de Economía de Ucrania, fue contratada por la JSF a razón $625,000 anuales, para un total de $2.5 millones en cuatro años. Esto, sin contar que le reembolsarán los gastos de viaje entre Ucrania y Puerto Rico -uno por mes- hasta que se mude a la Isla, en septiembre de 2017. Según el contrato, la JSF le reembolsará a  Jaresko los gastos de mudanza y  le proveerá laptop y celular, entre otros servicios.

“La insistencia del señor Carrión de no revisar ese salario a pesar de que está claro que no hay comparables que lo justifiquen, confirma lo incompetente de esa junta y sus siete miembros”, opinó por su parte el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá.

Cuestionó que Jaresko gane más que lo que ganan los jefes de estado del mundo  y los directores de todas las organizaciones financieras internacionales.

Y mientras llueven las críticas al sueldazo de Jaresko, otro cuantioso  contrato fue divulgado en la página web de la JSF. Éste último  fue otorgado el 13 de marzo   a Andrea Bonine-Blanc, quien cobrará $750 la hora, más gastos de viaje desde la ciudad de Nueva York, como asesora en asuntos de ética.

El laudo establece que Bonine-Blanc, quien es nacida en Alemania y radicada en Nueva York,  asesorará a la Junta en el cumplimiento de su  Código de Conducta y en materia de conflicto de interés y manejo de crisis.

Encuentro con el ente federal 

El Gobernador le solicitó a la JSF que vaya al Congreso y “a los distintos foros” para que Puerto Rico tenga acceso a fondos federales mediante el grupo de trabajo bipartita propuesto en la ley federal Promesa.

Rosselló también apostó al desarrollo de Alianzas Público Privadas (APP) para la  creación de unos 100 mil empleos.

En su informe a la Junta  no mencionó la situación crítica que atraviesa la Universidad de Puerto Rico (UPR), con los recortes de $450 millones al 2021. Las autoridades universitarias tampoco estuvieron representadas en la presentación, a la que acudieron jefes de agencias y miembros del Gabinete. 

El Gobernador dijo sin embargo, que corresponde a la JSF, procurar una comunicación con la presidenta de la UPR, Nivia Fernández. “Es responsabilidad de la Junta escuchar a todos los actores”, dijo.

Sostuvo que si la JSF no acoge sus propuestas,  “el experimento completo” fracasaría. “Yo le tengo que rendir cuentas al pueblo. El pueblo me puso a mí en esta posición, el Congreso los puso a ellos”, indicó Rosselló en una rueda de prensa.

Luego, en declaraciones separadas, el Presidente de la JSF dijo que se sentía  optimista con la creación de APP 's,  como medio de desarrollo económico, pero sostuvo que le corresponde al Gobernador determinar cuáles impulsarán. 

Carrión indicó también que la Junta dará prioridad en el Congreso a los fondos de salud para Puerto Rico,

En cuanto a la UPR, expresó que personalmente cree que el primer centro docente “es parte del desarrollo económico del País”. No obstante, añadió que desconocía las razones por las cuales la UPR “no se invitó” al cónclave en el que se discutió el futuro económico del País.