Dos legisladores novoprogresistas presentaron hoy varias querellas contra el alcalde popular de Corozal, Sergio Torres, por alegadamente utilizar brigadas y equipo municipal para asfaltar un camino que es el acceso a su residencia en una finca privada.

Los representantes Jenniffer González y Rafael Rivera Ortega indicaron en conferencia de prensa que refirieron al Departamento de Justicia y a la Oficina del Contralor querellas para denunciar formalmente lo que entienden constituyen violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y a otros estatutos.

"El alcalde de Corozal ha cometido al menos tres delitos graves: aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos; malversacion de fondos públicos y violaciones al Artículo 4.2 de la Ley de Etica Gubernamental", dijo Rivera Ortega, quien estimó que Torres se expone al menos a una pena fija de ocho años de cárcel.

González, por su parte, sostuvo que también presentaron querellas sobre el asunto ante la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, así como a la Oficina de Ética Gubernamental y anticiparon que tienen declaraciones juradas de empleados municipales que participaron en la obra para asfaltar el acceso a la casa de Torres, el pasado 15 de marzo.

Este medio solicitó temprano una reacción de Torres sobre las denuncias en su contra mediante llamadas telefónicas a su oficina en la alcaldía, así como a su teléfono móvil. Una de sus ayudantes tomó los datos para eventualmente responder a los señalamientos, pero Torres no había emitido declaraciones sobre el tema.

Según la expresidenta de la Cámara de Representantes y actual portavoz del PNP en ese cuerpo, la evidencia existente en contra de Torres "es más que suficiente para destituir y procesar criminalmente al alcalde".

En tal sentido, reclamó al gobernador, Alejandro García Padilla, que destituya a Torres, a tres meses de su certificación como nuevo alcalde corozaleño. Rivera Ortega, mientras, coincidió con la petición al primer ejecutivo y sostuvo que también debe ser despojado de todo cargo directivo en el partido de gobierno.

Rivera Ortega destacó que la Ley de Municipios Atonónomos prohibe expresamente que un alcalde utilice recursos y fondos públicos para beneficio personal y González observó que en el tramo asfaltado no existen residencias de otros corozaleños, por lo que se trata de una finca privada cuyo acceso fue mejorado en un día para beneficio privado del alcalde.

Los representantes estadistas hicieron su denuncia despues de presentar fotografías de tramos de caminos municipales de Corozal en malas condiciones y cuestionaron por qué no se da prioridad a reparar esas vías, pero en menos de 24 horas, empleados municipales "fueron obligados" a asfaltar la ruta de acceso a la casa del alcalde, justo un día antes de una celebración especial en su residencia.

Además de declaraciones juradas de empleados cuyos supervisores los asignaron al trabajo de asfaltar unos 150 metros de "camino privado", González y Rivera Ortega anticiparon que tienen declaraciones de vecinos sobre el trabajo por el que aseguran el alcalde "no pagó un centavo al municipio".

Afirmaron que la obra se hizo en horas laborables, sin petición especial alguna para un trabajo que ademas está prohibido por ley y que es igual a iniciativas que en el pasado han propiciado acusaciones contra otros ejecutivos municipales como Bernardo Negrón, electo en Villalba por el PNP.

La representante Gonzalez sostuvo que este tipo de delitos que le imputan a Torres "no prescribe" y opinó que "por menos que esto en el pasado hubo destituciones" de alcaldes. También, destacó que sometieron una resolución en la Cámara de Representantes para investigar el asunto, que fue denunciado inicialmente por corozaleños indignados al constatar la prioridad de mejorar el acceso a la casa del alcalde mientras los caminos de acceso a sus barrios siguen en "condiciones deplorables".