En momentos en que las primarias se encuentran a la vuelta de la esquina, los senadores cerraron fila con los alcaldes del país para aprobar un proyecto que obliga a la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) a cambiar la metodología para desarrollar sus auditorías.

El proyecto para que la Contraloría fiscalice contrario a la facultad que siempre ha tenido, de usar aquellas normas de auditoría que se ajustaran mejor a la evaluación en proceso, fue aprobado por el Senado en la noche del miércoles. 

Al confirmarse hoy, jueves, que la medida finalmente pasó el crisol de ambas cámaras, a pesar de que en vistas públicas la OCPR y peritos no recomendaron su aprobación, la contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, no descartó acudir a los tribunales para impugnar la legislación. 

La funcionaria aclaró a este medio que esa decisión dependerá de si el proyecto se convierte en ley con la firma del gobernador Alejandro García Padilla.

“Se está violando la independencia que nos proveyó nuestra constitución”, afirmó la Contralora. “Nos está diciendo (el proyecto) exactamente cómo hacer las auditorías”, agregó.

La Constitución de Puerto Rico establece que el Contralor fiscalizará las cuentas, ingresos y desembolsos del gobierno de Puerto Rico, de sus agencias e instrumentalidades y de los municipios, con el fin de determinar si fueron realizados conforme a la ley. 

Para hacer esas evaluaciones sobre el cumplimiento de las leyes durante el ejercicio administrativo que hacen las entidades gubernamentales y municipales, la OCPR usa distintas normas, entre otras, las promulgadas por el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados y la Oficina de Contabilidad del gobierno de los Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés). 

La legislación aprobada por las cámaras legislativas establece que las auditorías de la OCPR tendrán “que cumplir con las disposiciones establecidas de (sic) las normas de auditoría altamente aceptadas que se publican en el “Generally Accepted Government Auditing Standards (GAGAS) conocido como ‘Yellow Book’”.

Valdivieso explicó que, aunque esas normas ya se utilizan en las auditorías de la OCPR, lo cierto es que su mayor utilidad es para la realización de evaluaciones financieras. La Oficina del Contralor realiza auditorías de cumplimiento y, desde hace poco, de desempeño. Las financieras las hacen auditores externos contratados por las distintas entidades gubernamentales y municipales. 

No solo la contralora Valdivieso se opuso en las vistas públicas, el Proyecto de la Cámara 1824 también fue rechazado por la excontralora Ileana Colón Carlo, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados y la profesora de administración pública Palmira Ríos, quienes también comparecieron al Senado.

Los opositores coincidieron en que la legislación limita la capacidad de la OCPR para adoptar instrumentos alternativos para ejercer sus obligaciones ministeriales. 

¿Quiénes apoyaron?

En cambio la legislación contó con el respaldo de la Asociación y Federación de Alcaldes. Además la apoyó Eneida Torres de Durand, directora ejecutiva del Centro de Gobernanza Pública  y Corporativa de la Universidad del Turabo. 

Su mayor defensor fue el alcalde popular de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, quien envió una ponencia escrita a la Comisión de Gobierno, Eficiencia Gubernamental e Innovación Económica y, posteriormente, también depuso en las vistas públicas.

De hecho, el proyecto fue presentado por Efraín de Jesús Rodríguez, quien antes de ser senador del distrito de Mayagüez, fue comisionado de la Policía Municipal de ese pueblo, director de contratos del municipio y posteriormente de la división legal.  

El más destacado beneficio al obligar a la OCPR a seguir las normas del llamado Libro Amarillo es que se les provea en el informe de auditoría un mayor espacio a los auditados para reaccionar a los hallazgos. Ahora mismo, la oficina del Contralor limita ese término a 10 líneas.

Recientemente, la Contralora refirió al Departamento de Justicia dos hallazgos encontrados durante la más reciente auditoría realizada en el municipio mayagüezano. 

Así también, Valdivieso emitió varios comentarios especiales en los que, esencialmente, describe una pobre cooperación de la administración municipal con los auditores. Se indica que los funcionarios municipales, en ocasiones, presentaron hasta con 175 días de demora los documentos que se les solicitaban y en varias ocasiones los entregaron de manera parcial.

Entre las razones que justificaron la aprobación de la medida, según el informe de la comisión que preside el senador Ángel Rosa, es que las auditorías de la OCPR “reciben amplia exposición ante la opinión pública. El interés público en el más amplio acceso a la información sobre la gestión gubernamental requiere proveer adecuado espacio a los entes auditados para reaccionar a los señalamientos y que dichos comentarios sean expuestos también al rigor de la opinión pública”.

La votación el Senado bajó después de las 11:00 de la noche del miércoles. Solo la senadora independentista María de Lourdes Santiago votó en contra de la medida. El senador Thomas Rivera Schatz estuvo ausente. El proyecto ya había sido aprobado por la Cámara el año pasado. 

La Contralora dijo que le extrañó la aprobación de la medida porque los senadores con los que había conversado le habían manifestado su rechazo.