La administración de Ricardo Rosselló aseguró hoy que una nueva medida legislativa aclara el poder de la Autoridad de Puertos para imponer ciertos cargos por servicios.

Mediante comunicado de prensa, el principal asesor legal del gobernador de Puerto Rico, Alfonso Orona Amilivia, aseguró que la aprobación del Proyecto del Senado 566 no implica un nuevo impuesto a los furgones, sino que se trataba de un cargo que ya estaba establecido, pero por vía de reglamento.

“El Proyecto del Senado 566 lo que busca es aclarar y dar certeza de los poderes que tiene la Autoridad de los Puertos para imponer un cargo por servicio para cumplir con la política pública de garantizar la seguridad de nuestros puertos. Este cargo ya se estaba cobrando por vía reglamentaria, por lo que no representa una carga económica adicional para aquellos que importan mercancía a Puerto Rico ni tampoco para los mayoristas y detallistas”, explicó el licenciado en declaraciones escritas.

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De igual forma, Orona recalcó que el propósito de esta legislación es dar claridad a la Ley 12-2008, que estableció como política pública la seguridad portuaria, en aras de indicar que la misma incluye también a los aeropuertos y definir las potestades de la Autoridad de Puerto Rico para cumplir con el mandato en ley.

“Tal y como redactada, la Ley 12-2008 contenía una disposiciones que no estaban claras en cuanto a las facultades de la Autoridad de los Puertos; mediante este proyecto de una vez y por todas se aclaran estos poderes y se define lo que ya se hacía por reglamento en una ley. Esto no cambia para nada los acuerdos interagenciales que ya estaban en vigor ni tampoco la potestad que ya tenía la Autoridad, avalada por los tribunales, para imponer los cargos por servicio que ya se estaban cobrando. El PS 566 solo brinda certeza al procedimiento”, concluyó Orona Amilivia.