Aunque las enmiendas incluidas por la Cámara de Representantes generaron dudas sobre las garantías y confiabilidad del propuesto sistema de escrutinio electrónico, la Asamblea Legislativa le dio paso este lunes a la medida que permitirá la implantación de ese mecanismo para los procesos electorales del 2016.

Una vez el gobernador Alejandro García Padilla estampe su firma en la Resolución Conjunta del Senado 249, le tocará a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) establecer mediante reglamentación las medidas necesarias para asegurar que el sistema de escrutinio electrónico que se adopte recoja con certeza la voluntad de los electores y proteja la secretividad del sufragio, garantizada en la Constitución del Estado Libre Asociado.

Ambos aspectos fueron los que mayor controversia causaron este lunes durante el debate legislativo, y que provocaron que la senadora Margarita Nolasco retirara su nombre como coautora de la pieza legislativa. La legisladora del Partido Nuevo Progresista (PNP) insistió en que los cambios sometidos por la Cámara en el comité de conferencia alteraron sustancialmente la intención original de la medida.

El senador popular Ángel Rosa, autor de la resolución conjunta, defendió las enmiendas, y aunque reconoció que hubiera preferido que prevaleciera un lenguaje más “específico”, dijo que aprobar la versión de la Cámara era la única opción disponible si se quería implantar el escrutinio electrónico a tiempo para las primarias y las elecciones generales del 2016.

“No es lo ideal, no es lo que me hubiese parecido perfecto, pero es el acuerdo al que podemos llegar con la Cámara… Tenía que escoger entre ese lenguaje o cero escrutinio electrónico en las elecciones del 2016”, argumentó Rosa durante la sesión legislativa.

En el Senado, la medida fue ratificada en votación 19-6. Los senadores del PNP, Thomas Rivera Schatz e Itzamar Peña, le votaron a favor, y el resto de la delegación votó en contra. La senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, también favoreció la pieza.

Mientras, en la Cámara, la resolución conjunta pasó en votación partidista, con el rechazo de la minoría del PNP.

La principal objeción de los opositores fue que la Cámara, a través del representante popular José “Conny” Varela, presidente de la Comisión cameral de Gobierno, eliminó como requisito esencial que a las compañías interesadas en licitar para implantar el sistema se les exigiera tener la certificación de la Comisión de Asistencia Electoral (EAC, en inglés) de Estados Unidos. La versión avalada permite que, en la alternativa, la empresa que opte por la subasta provea evidencia de que ha implementado ese mecanismo de manera efectiva en, al menos, tres elecciones con un mínimo de 400,000 votantes en cualquier jurisdicción estadounidense o país extranjero.

El senador Rosa explicó que la cifra de 400,000 se acerca al número de electores que hay en Puerto Rico en un distrito senatorial.

De igual forma, la senadora Nolasco criticó que el lenguaje no estableciera sin ambigüedades cuál sería la intervención de los funcionarios de colegio en torno al uso de las máquinas, pues a su juicio, el texto sugiere que podría entrar en contacto directo con la papeleta cuando se pase por el lector óptico a cargo del escrutinio y antes de que sea depositada en la urna.

“¿Por qué lo vamos a dejar en manos del reglamento (de la CEE)? Vamos a plasmarlo aquí (en la resolución), que haya seguridad de que nadie va a irrumpir en la secretividad del voto. ¿Por qué dejarlo a la interpretación de los funcionarios de la CEE?”, indicó Nolasco durante uno de los turnos que tomó para oponerse a la medida.

La senadora de PIP tuvo la misma inquietud, pero le votó a favor por entender que el asunto puede atenderse cuando la CEE determine las normas que regirán el proceso. “Eso va a depender de que en la Comisión se trabaje un lenguaje muy estricto que no deje margen a la confusión. No tenemos otro remedio que esperar que así sea”, sostuvo Santiago.

El senador Rosa rechazó esa apreciación, y se mostró confiado en que la CEE impondrá todas las salvaguardas que estime pertinentes. Resaltó también que la resolución especifica que el voto será secreto.

La medida dispone que habría, al menos, una máquina con la tecnología “Optical Scanning System” en cada colegio de votación. Establece, además, que la CEE deberá presentar ante la Legislatura su plan para implementar el sistema en un término de 60 días luego de que entre en vigor la pieza. Ese documento deberá contener datos sobre la adquisición del equipo, la asignación de fondos que requeriría, los cambios estructurales que necesitaría la CEE, entre otros.

El diseño de las papeletas en las que los votantes harían sus marcas permanecería inalterado.

En la Cámara, la discusión sobre la pieza fue más breve, y sólo Varela y la portavoz del PNP en ese cuerpo, la representante Jenniffer González, tomaron la palabra en el debate.

González consignó la oposición a la medida igualmente por los cambios incorporados en su última versión.

“Ahora va a cualificar cualquier compañía, incluyendo las que no tengan la certificación federal, las que no cumplan con las guías mínimas a nivel federal para los sistemas de votación. Esa es la gran preocupación que tiene nuestra delegación aquí”, insistió.

Tras quejarse de que a la delegación del PNP no se le invitó a discutir el informe, afirmó que “el récord legislativo debe recoger que permea un gran oscurantismo sobre qué medió, qué influenció, para que esa determinación se tomara de eliminar la certificación federal”.

El informe de conferencia fue defendido por “Conny” Varela, quien aseguró que el proceso electoral se mantendrá como uno limpio y transparente.

El reportero Antonio R. Gómez colaboró con esta historia.