En medio de la quiebra del gobierno, el Senado aprobó ayer un proyecto de ley que abre paso a la venta de hospitales y otras instalaciones públicas de salud, a corporaciones privadas que lleven 10 años o más ofreciendo estos servicios en el País.

La medida, que no fue evaluada en vistas públicas, se aprobó con el rechazo de las minorías legislativas.

El informe de solo dos páginas que acompaña al proyecto de ley concluye que, actualmente, el gobierno no tiene los recursos para seguir prestando los servicios de salud, “tal como desea” y que el Departamento de Salud posee 13 instalaciones bajo contratos de administración y operación.

“Esto provocará una crisis aun más profunda en los servicios de salud que se le da a nuestra gente”, dijo el senador Cirilo Tirado, quien alertó que la medida abriría las puertas a la venta del Centro Médico, el Hospital Cardiovascular y el Centro Comprensivo de Cáncer y de otros hospitales del gobierno.

Tirado sostuvo que con el proyecto, que pasa ahora a la Cámara, resurge la venta de hospitales “a quemarropa” que lideró en los años 90 el exgobernador Pedro Rosselló. 

“Esto no protege a los ciudadanos y sólo beneficia conglomerados de salud con capacidad de comprar y privatizar lo poco que queda del sistema”, dijo.

El senador independentista José Luis Dalmau propuso una enmienda para que la transacción se limite solo a la venta de Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT), pero fue derrotada. Tampoco logró que el término de experiencia de las empresas que compren los bienes sea de cinco años, en vez de 10 años.

El proyecto, cuyo autor es el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, enmienda la Ley 3-2003 que prohíbe la venta, cesión, enajenación, administración u operación de instalaciones de servicios de salud del Estado.

El secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, quien estaba en el Capitolio en una vista pública, salió en defensa del Centro Médico. 

“El Centro Médico es ya como patrimonio del pueblo de Puerto Rico y allí es la última esperanza que tiene cualquier ciudadano, sea rico o pobre, de buscar la salud. Después de ahí lo que hay es montarse en un avión para afuera”, dijo el funcionario a preguntas de periodistas. Resaltó también la labor académica que se realiza en el complejo hospitalario.

“Eso está por verse”, sostuvo Rodríguez Mercado al ser preguntado sobre la posibilidad de que el Centro Médico sea privatizado. “Todavía estamos en pañales con esa legislación”, añadió el titular de Salud.

Sin embargo, el presidente del Senado mostró copia de un memorial con fecha del pasado 15 de mayo, en el cual el Departamento de Salud endosaba la medida.

El portavoz de la delegación popular, Eduardo Bhatia, indicó que aunque favorece la privatización de la generación de energía, hay entidades públicas “que nunca deberían ser privatizadas”. 

“Hoy (ayer) Donald Trump anuncia una reducción masiva de fondos Medicaid para Puerto Rico. ¿Quién va a cubrir a los pobres en Puerto Rico cuando la necesidad toque sus puertas?”, cuestionó. “Esto no es una alianza público privada, es para la venta de hospitales”, afirmó Bhatia.

El senador Dalmau aseguró que el proyecto es una respuesta a la declaración de quiebra del gobierno.

 “La consecuencia es que el gobierno tiene que vender la mayor cantidad de activos antes de que lo haga la jueza (Laura Taylor)”, sostuvo Dalmau.

“Nadie de la delegación del PPD se acuerda de la venta del parking de Doña Fela, que todos considerábamos patrimonio”, dijo -por su parte-, el senador penepé Larry Seilhamer.

A su vez, Rivera Schatz rechazó que el proyecto sea “un cheque en blanco” y defendió las APP’s. “El cuatrieno pasado no hubo una sola. ¿De dónde van a conseguir el dinero para mantener los centros de salud que puedan ser objeto de este proyecto. No escuché una sola alternativa para mantenerlos operando”, dijo Rivera Schatz.

Esfuerzo para monetizar

El Dr. Iván González Cancel, jefe del programa de trasplante al corazón en el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe, comentó que el proyecto “es un esfuerzo de la actual administración para monetizar ciertos activos” y que, en su faz, no puede oponerse al mismo por no haberlo visto, pero “el tiempo dirá si eso ha de dar algún resultado”.

“Es evidente que no tenemos los medios para atender el sistema de salud tal y como está concebido en este momento. ¿Qué modelo se puede sostener gastando $7,9 millones diarios, específicamente en la Reforma de Salud, en un país pobre como Puerto Rico, con una economía en ruinas?”, cuestionó el cardiólogo. “Nosotros no tenemos los recursos”, enfatizó.

En contra la enfermería

“Ya en la administración pasada planteé que la privatización de los servicios de salud en Puerto Rico era quizás el más importante acto de corrupción administrativa desde la invasión norteamericana en Puerto Rico”, tronó el director ejecutivo de la Unidad Laboral de Enfermeros y Empleados de la Salud (Ulees), Radamés Quiñones. 

“Este proyecto (del Senado) lo que hace es confirmar que realmente en el Departamento de Salud y en los hospitales existe un clan, un cartel de corruptos que van a seguir, van a continuar haciendo cosas como las que hizo Yamil Kourí (exdirector del Instituto del Sida) y por la cual fue arrestado y enjuiciado”, agregó.

“El acto de privatizar los servicios de salud en un país que se caracteriza el movimiento turístico y la visita de seres humanos que nos traen enfermedades de todo el planeta, es devaluar el servicio de salud. Eso da una señal de que en Puerto Rico la industria de la salud está protegida por aquellos señores que compran un Capitolio que está a la venta del mejor postor, lo que nos duele a nosotros y me duele a mí, como parte del movimiento obrero”, reclamó Quiñones.