Le siguen la pista a Ramón Rodríguez

Por Nydia Bauzá / [email protected] 12/27/2017 |11:45 p.m.
¿Dónde está? Primera Hora ha intentado conseguir al todavía representante PNP, quien no responde las peticiones. (Archivo)  
División de Integridad Pública amplía nuevos hallazgos de corrupción.

El oficial investigador Ernie Cabán fue entrevistado ayer por fiscales del Departamento de Justicia en torno a las nuevas irregularidades atribuidas al representante Ramón Luis Rodríguez Ruiz en el otorgamiento de donativos legislativos y la contratación de un empleado fantasma.

Cabán confirmó a Primera Hora que en la tarde de ayer compareció a la División de Integridad Pública para aclarar “unas cuantas dudas” que tenían los fiscales sobre la investigación y el contenido del informe, que el investigador rindió la semana pasada al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, cuyos hallazgos fueron referidos a Justicia, a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente y a la Oficina de Ética Gubernamental. 

“Me pidieron unos documentos que conseguí en mi investigación y se los suministré. Ellos están ampliando esos hallazgos de la investigación”, dijo Cabán sin entrar en detalles del contenido de la entrevista.

El informe del también exfiscal reveló que Rodríguez Ruiz creó dos corporaciones, supuestamente, sin fines lucro: Lazos Dorados de Amor y Futuros Deportistas, sin estar cualificadas para recibir fondos de la Comisión de Donativos Legislativo. 

Según el testimonio bajo juramento de la directora de la Comisión de Donativos Legislativos, Darilys Santiago, las dos corporaciones se crearon utilizando equipos y materiales de la Cámara de Representantes.

“Las organizaciones no cualificaban para recibir donativos legislativos debido a que no tenían historial de servicio comunitario, no tenían sede, documentos del Departamento de Estado ni exención contributiva del Departamento de Hacienda para recibir donativos”, dice el informe.

Sostiene, además, que las organizaciones lograron la asignación de fondos, que se estimó en unos $70 mil, pero el dinero no fue desembolsado.

En el caso de Futuros Deportistas, creada el 10 de enero de 2017, el informe detalla que se enmendó el certificado de incorporación en agosto pasado para incluir al hermano de Soniel Torres Suárez, quien es ahora el representante de esa corporación. 

Torres Suárez, directora de la oficina legislativa de Rodríguez Ruiz, le imputó al legislador un incidente de violencia doméstica y luego se retractó.

Otro de los puntos contenidos en el informe es la compra de una Toyota Tacoma blanca, adquirida en marzo de 2017, por Torres Suárez la cual se alega que es utilizada por el representante Rodríguez Ruiz.

El documento reveló que en marzo pasado Rodríguez Ruiz contrató a “un amigo” a razón de 40 horas semanales, pagándole $50 la hora, y los empleados entrevistados confirmaron que jamás lo vieron trabajando para el representante.

Cabán recomendó también que se investiguen posibles irregularidades en los salarios altos y desproporcionales de varios empleados, así como los donativos electorales que el legislador le atribuyó a Rafael Rodríguez, a Torres Suárez y a otros familiares y empleados en sus informes a la oficina del Contralor Electoral.

“La impresión que yo recibí es que (los fiscales de Justicia) están bien adelantados en relación con incidente de violencia doméstica, y están ampliando lo relacionado a los otros hallazgos y posibles implicados”, sostuvo Cabán.

El investigador y abogado indicó que la entrevista fue para aclarar “puntos específicos” del informe.

“Están ampliando las cosas que yo digo en el informe que se investiguen, que yo no pude concluir por falta de tiempo”, sostuvo el exfiscal. Añadió que no se estableció una cita de seguimiento 

El 11 de noviembre pasado, Rodríguez Ruiz fue señalado por su subalterna Torres Suárez como autor de una agresión que sufrió en el rostro en un incidente de violencia doméstica ocurrido en una carretera en Santa Isabel. 

Mientras la mujer era entrevistada por policías, una pareja de abogados se le acercó y Torres Suárez desistió de continuar con el proceso, a pesar de que ya  había identificado al legislador como su pareja consensual y autor de la agresión en la querella y de haberle mostrado fotos de él a la Policía.

Luego, la empleada legislativa cambió la versión de los hechos en una declaración jurada y alega que el legislador cameral del Partido Nuevo Progresista no fue su agresor; no ha dicho quién la agredió.

 
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