Ley 54 podría ser inconstitucional, según Procuradora de las Mujeres

Por Rebecca Banuchi 04/24/2013 |02:56 p.m.
La procuradora de las Mujeres, Wanda Vázquez, apoyó este miércoles que se enmiende la Ley 54 para ampliar su competencia. (vanessa.serra@gfrmedia.com)  
Wanda Vázquez apoyó este miércoles que se enmiende la Ley 54 para ampliar su competencia.

La exclusión de las parejas del mismo sexo del ámbito de protección de la Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, le imparte a ese estatuto visos de inconstitucionalidad y permite que los crímenes de ese tipo contra personas homosexuales queden impunes.

Con esa advertencia, la procuradora de las Mujeres, Wanda Vázquez, apoyó este miércoles que se enmiende la Ley 54 para ampliar su competencia, y restituir así su intención original de proteger a todo tipo de víctima de violencia en una relación íntima.

El fin que motivó la aprobación de la ley en 1989, fue trastocado por el Tribunal Supremo, que determinó mediante una opinión que sentó un precedente en el 2003, que la legislación no aplica a las personas homosexuales, y que hace dos años mediante sentencia decidió que tampoco protege a quienes sostienen relaciones adúlteras.

"Interpretar la Ley 54 de modo que la misma solo protege a parejas heterosexuales tiene el efecto de colocar el estatuto en cuestión al margen de la Constitución en la medida en que se le niega a la víctima la igual protección de la ley por la única consideración del género de la persona que le agredió", sostuvo Vázquez este miércoles, en una vista pública conjunta de las comisiones camerales de lo Jurídico y de Asuntos de la Mujer y Equidad.

"El efecto de dicha interpretación es que se le da un trato discriminatorio a la víctima, y se deje impune a un maltratante por la única razón de su orientación sexual. Dicha conclusión no solo es injusta, sino que además, jurídicamente (es) insostenible en nuestro sistema de derecho", añadió.

La enmienda que propone el proyecto de la autoría del representante Luis Vega Ramos esta dirigida a que se extienda la protección a todas las personas "sin importar su orientación sexual, su identidad de género o estatus marital".

Vázquez, quien se desempeñó como fiscal hasta que se inició como procuradora de las Mujeres el pasado cuatrienio, dijo que previo a la opinión emitida en el 2003, por el máximo foro judicial puertorriqueño, se sometían casos al amparo de la Ley 54 por incidentes entre parejas del mismo sexo, y dijo que aunque la sentencia de hace dos años no obliga a las autoridades, sí podría "limitar" a las víctimas y privarlas de un remedio rápido como el que confiere la ley de violencia doméstica.

Betsy Asencio, secretaria auxiliar de asesoramiento en el Departamento de Justicia, resaltó que la Ley 54 provee protecciones más efectivas que otras piezas como la Ley de Acecho, que algunos han planteado podría atender en la alternativa las necesidades de las víctimas de violencia en parejas del mismo sexo.

Asencio recomendó que se amplíen las enmiendas propuestas para atemperar la ley a los cambios incluidos en la federal Ley de Violencia Contra las Mujeres (VAWA), que fue extendida recientememente para cobijar a las personas de la comunidad lésbica, gay, bisexual, transexual y transgénero (LGBTT), así como a los inmigrantes sin documentos oficiales.

Durante la audiencia pública, compareció también el Concilio de Iglesias de Puerto Rico, que contrario a otros grupos religiosos que participaron en el proceso, avaló la aprobación de la medida.

"Nos preocupa que una legislación como la citada genere tal nivel del controversia en ciertos sectores religiosos en Puerto Rico. La mayoría de los argumentos esgrimidos en el ámbito público no concuerdan con el texto propuesto en las mencionadas enmiendas", afirmó el reverendo Ángel Rivera Agosto, secretario ejecutivo del Concilio de Iglesias.

 "Este no es el momento para discusiones en torno a modelos de familia o de sexualidad. Ya llegará el momento propicio para ello. Incluir esos temas bajo la discusión de este proyecto muy bien puede tener el efecto de cubrir con un manto de impunidad la violencia y el malrato", añadió el religioso.

Los primeros en deponer este miércoles fueron los exsenadores populares Marco Rigau y Velda González, y las abogadas María Dolores Fernós y Esther Vicente, quienes fueron los gestores o estuvieron involucrados en la creación de la Ley 54, y apoyaron la medida de Vega Ramos por entender que revertiría los efectos de la legislación a su propósito original.

"El objetivo fue abrir (la protección) a todo tipo de relación de pareja, independientemente que fuese un matrimonio, de convivencia, y del género u orientación sexual", afirmó Vicente.

Rigau, por su parte, planteó que la ley, en cuya redacción participó directamente como presidente de la Comisión de lo Jurídico, aplica a todo tipo de "personas", y dijo que se optó por utilizar un lenguaje general para darle mayor alcance.

Vicente, catedrática de Derecho de la Universidad Interamericana, dijo que se debe enmendar el título y la exposición de motivos de la medida para aclarar que sus disposiciones buscan proteger a las víctimas de la violencia en una relación de pareja, y no a la pareja en sí.

Además, rechazó que se incluyan referencias a la violencia intrafamiliar en el estatuto, como recomendó recientemente la representante novoprogresista María Milagros Charbonier.

La catedrática de Derecho recalcó que ese tipo de violencia se diferencia al ámbito de la violencia entre parejas, y mencionarla en la ley "abonaría a la controversia", pues el Tribunal Supremo ha fundamentado algunas de sus interpretaciones con alusiones a la institución de la familia.

Charbonier insistió en sus reservas en que se le añadan a la Ley 54 "clasificaciones", y aunque dijo que se opone al maltrato en todas sus formas, cuestionó el que la protección se extienda a todo tipo de relación, incluyendo las adúlteras e incestuosas.

Fernós, exprocuradora de la Mujer, argumentó que la dignidad del ser humano y la integridad de las personas priman sobre cualquier otra consideración, y dijo que eso es lo que busca proteger la Ley 54.