Ley convertiría a la Isla en "paraíso de adopciones" rápidas

09/12/2012 | 04:00 p.m.
Puerto Rico podría convertirse en "un paraíso de adopciones" rápidas si el gobernador Luis Fortuño firma un proyecto de ley referido a La Fortaleza. (Juan.martinez@gfrmedia.com)  
El abogado explicó que el Proyecto de la Cámara 3984 elimina la intervención de la rama Judicial en el proceso de adopciones y establece un mecanismo "express" a cargo del Departamento de la Familia, agencia que estaría facultada para completar ese tipo de trámite en 75 días.

Puerto Rico podría convertirse en "un paraíso de adopciones" rápidas si el gobernador Luis Fortuño firma un proyecto de ley referido a La Fortaleza después que ambas cámaras legislativas lo aprobaron en un proceso veloz en el que no se celebraron vistas públicas, denunció hoy, miércoles, el presidente de la Comisión para el Estudio de los Derechos de los Niños del Colegio de Abogados, Reynaldo Alegría.

El abogado explicó que el Proyecto de la Cámara 3984 elimina la intervención de la rama Judicial en el proceso de adopciones y establece un mecanismo "express" a cargo del Departamento de la Familia, agencia que estaría facultada para completar ese tipo de trámite en 75 días.

"Los niños no son cosas, son personas con derechos y lo que hagamos con ellos hoy, dictará el país que tendremos mañana", sentenció Alegría, quien censuró las disposiciones del proyecto de ley sometido por la presidenta de la Cámara de Representantes, Jenniffer González.

En una conferencia de prensa conjunta con Alegría, el presidente del Colegio de Abogados, Osvaldo Toledo, indicó que han cursado una carta a Fortuño para solicitarle que no firme esa ley porque la misma "constituye una afrenta a los derechos de los niños y sus padres, toda vez que los priva de un tramite procesal justo garantizado constitucionalmente".

Toledo dijo que en la misiva plantean al Gobernador que la propuesta ley "interfiere con la separación de poderes, permitiendo que el poder ejecutivo se apropie de funciones que corresponden a la rama judicial" y destacó que también señalan que el Departamento de la Familia se convertiría en "juez y parte" en un asunto tan delicado como la adopción de menores.

Toledo destacó que en la carta a Fortuño mencionan que de firmarse la medida se anteponen los intereses del Departamento de la Familia a los derechos e intereses de los menores y sus progenitores "creando una oferta de niños para adopción aquí y fuera de Puerto Rico".

Al referirse al cuarto punto crucial planteado al Gobernador, Alegría destacó que ese es uno de los aspectos más cuestionables del proyecto que consideró como algo "escandaloso" porque se crearía "un banco de niños puertorriqueños" suceptibles a la adopción por personas "de cualquier parte del mundo".

El abogado argumentó que la mayoría de los niños y niñas que el gobierno tiene en hogares sustitutos y que suelen ser llevados a procesos de adopción son producto de familias pobres, con padres y madres de bajo nivel académico y con problemas de adicción a sustancias controladas u alcohol, entre otras complejas situaciones de una de las poblaciones "más discriminadas" en Puerto Rico.

La propuesta ley "presente un riesgo grande" que raya en el mercadeo de niños y niñas boricuas mediante un cuestionable "sistema de adopción express" que se presenta en medio de la grave crisis de maltrato de menores en el país y justo cuando se han denunciado serias fallas en el programa de hogares sustitutos del Departamento de la Familia, precisó Alegría.

Puntualizó que es deber del estado procurar la reunificación familiar, no separar a los hijos e hijas de sus padres y madres biológicos en trámites atropellados que parecen cancelar opciones de rehabilitación y/o ajustes familiares.

Condenó que "en momentos en que la situación de menores ha alcanzado una crisis de graves proporciones, el Departamento de la Familia pretende abdicar a su función de velar por el bienestar de los niños y la reunificación con sus familias, omitiendo procesos judiciales, quitándoles derechos fundamentales a los padres y dándolos en adopción rápidamente".

Toledo, Alegría, así como el presidente del Colegio de Médicos, Eduardo Ibarra, quien se unió a la denuncia de los letrados, reclamaron a los ciudadanos manifestarse en contra del propuesto estatuto y pedirle también al Gobernador que no firme la medida referida a su oficina esta semana.

Fortuño tiene un plazo de 30 días para endosar el estatuto y convertirlo en ley, pero también tendría la opción de vetarlo y/o referirlo nuevamente a la Legislatura para enmiendas.

Según el texto de la ley ante la consideración de Fortuño, se crea un procedimiento expedito y flexible para adopciones, así como custodias de emergencia, relevo de esfuerzos y privación de patria potestad, mediante salas administrativas en las que se puedan adjudicar estos casos transfiriendo la autoridad de un juez a un funcionario designado por el primer ejecutivo.

Las designaciones de esos jueces administrativos serían recomendadas por la Secretaria de la Familia y el efecto de la implantación del estatuto es que la rama Judicial no intervendrá en los procesos de adopción, como ocurre al presente cuando efectúan múltiples audiencias en las que intervienen abogados de los progenitores o de ambos, un procurador de menores, así como un juez que consulta peritos como trabajadores sociales u otros en un proceso sin términos rápidos para resolver los casos.

Foro inexistente en los Estados Unidos

El presidente del Colegio de Abogados, por otro lado, señaló por escrito a Fortuño que en el caso Santosky versus Kramer, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sostuvo que la terminación de los derechos de paternidad interfiere con el derecho mayor de los padres de cuidar y criar a sus hijos, pero el mismo, "no se extingue por el hecho de no ser un padre o madre modelo".

En tal sentido, precisó el caso de 1982, que el citado derecho "está protegido bajo el palio de la Enmienda XIV de la Constitución de los Estados Unidos y cuando el estado se mueve a destruir lazos familiares débiles, tiene que proveer a los padres procedimientos legales justos" y observó que en la jurisdicción estadounidense no existe un sistema como el propuesto.

Al respecto, Alegría mencionó que si el padre o la madre de un menor por problemas con sustancias controladas u otras situaciones, resulta encarcelado podría exponerse a la remoción de su hijo(a) y al estar impedido de responder a los términos cortos de la nueva ley, descubrir que su hijo a sido dado en adopción, justo mientras estaba en reclusión.

Toledo señaló en su carta al Gobernador que "no puede ser abdicando a la función de rehabilitar y reunificar la familia, abrogándose los poderes judiciales y privando a los padres y madres de la oportunidad de vivir con sus hijos y criarlos, como el poder ejecutivo resuelve este gran problema" del maltrato de menores y otros relacionados como la violencia doméstica.

 El presidente del Colegio de Abogados concluyó que si el Proyecto de la Cámara 3984 se convierte en ley, representara "una grave violación de los derechos humanos" en Puerto Rico.

Ibarra aludió a la importancia de que se respete la Carta de Derechos de los Niños de la Organización de las Naciones Unidas y puso en entredicho que la propuesta legislación así lo garantice.

El galeno destacó que el Colegio de Médicos Cirujanos defiende la salud plena en el país que supone un estado de bienestar físico, mental y social de los adultos y sobre todo de la niñez y la pieza no fomentaría ese objetivo.

"Es irónico que en Puerto Rico en la gestión para abrir un restaurante o construir una casa se tome dos o tres años obtener los permisos del Estado, pero para adoptar un niño o niña se pueda acordar en 75 días", argumentó el galeno, al censurar que se legisle sin medir el impacto emocional y físico de los menores.

Juego de costo efectividad con niños y niñas pobres

Alegría censuró la "mentalidad fiscal" o énfasis en costos para el gobierno, antes que proteger a los niños y niñas, el trasfondo que se desprende de la medida que recomienda como política pública "facilitar, en la forma más liberal y amplia posible, dentro del esquema jurídico que rige en Puerto Rico los procedimientos de adopción, proveyendo para un procedimiento simple, sencillo y expedito, cuyo trámite total no exceda setenta y cinco días, desde su inicio hasta su resolución final, además de simplificar y liberalizar sustancialmente los requisitos de ley para le emisión de decretos de adopción".

Se refirió a que como los hogares sustitutos ahora resultan onerosos y deficiencias operacionales propician maltrato institucional, así como situaciones contraproducentes para la protección y adecuado desarrollo del menor, el proyecto representaría una cuestionable salida a esa crisis.

Alegría hizo referencia a casos recientes que reflejan malos manejos en la remoción de menores, así como los negativos cambios periódicos de un hogar sustituto a otro y opinó que el estado debe comenzar a considerar un modelo similar al implantado hace décadas en el Hogar Manuel Fernández Juncos para niños huérfanos.

El letrado coincidió con Toledo y con Ibarra en descartar los hogares sustitutos y crear instituciones con profesionales de la conducta, maestros, enfermeras pediátricas, entre otros peritos, que atiendan en centros bien diseñados a niños que por distintas razones tienen que ser retirados del cuido de sus padres biológicos.

En cuanto a los hogares sustitutos, mencionaron que hay un elemento de interés económico presente entre quienes aceptan estos niños o niñas, no necesariamente un interés genuino de cuidarlos y ayudarlos.

Los padres y madres sustitutos reciben pagos del Estado por cada menor recibido, pero imperan dinámicas de cambios frecuentes de un hogar sustituto a otro que, según destacaron, causan mucho daño emocional al menor, entre otros impactos negativos.

 Sobre la adopción, Alegría aclaró que no están en contra de la misma, pero recalcó que tiene que ser producto de un proceso ponderado, libre de conflictos de interés y en el que no se violente el derecho de rehabilitación y/o ajustes de los padres biológicos para propiciar reunificación familiar y el bienestar pleno de los menores.

Legislación a velocidad luz

Integrantes de la Comisión para el Estudio de los Derechos de los Niños del Colegio de Abogados tuvieron conocimiento de la aprobación rápida del proyecto sobre adopciones "express" en Puerto Rico esta semana y al indagar sobre el trámite legislativo constataron que se completó, sin vistas públicas, en tres meses.

 La medida fue sometida en la Cámara de Representantes, por su presidenta, Jennifer González, el 9 de mayo. Ese mismo día fue referido a la Comisión de Asuntos de Familia y Comunidades, que preside la representante Elizabeth Casado. El 10 de mayo, la medida figuró en primera lectura ante la Cámara y el 15 de mayo se realizó una vista ejecutiva de la comisión presidida por Casado, según documentos de la Oficina de Servicios Legislativos en poder de este medio.

Un informe recomendando la aprobación del proyecto se produjo el 18 de junio y el mismo también contó con el endoso de la Comisión de lo Jurídico, presidida por el representante Eddie Alfaro. Ese mismo día fue aprobado por la Cámara en pleno, se desprende del récord oficial de la Legislatura.

Al día siguiente, el 19 de junio, el proyecto fue referido a la Comisión de Seguridad Pública y de Asuntos de la Judicatura del Senado, presidida por Roger Iglesias. Justo tres días después, ya esa comisión sometió un informe favorable de la pieza legislativa y no recomendó enmiendas al texto aprobado en la Cámara.

En esa etapa, para la medida las cámaras no solicitaron opiniones de peritos, ni consulta de organismos profesionales u otros y se limitaron a recoger una breve opinión del Departamento de Justicia apoyando la medida. También se consignaba la aprobación del Departamento de la Familia.

En la ponencia firmada por el secretario de Justicia, Guillermo Somoza Colombani, que tiene solo tres páginas, excluyendo la de la firma del funcionario, destaca que la medida propone un mecanismo alterno de adopción "con requisitos procesales muy específicos" y concluye que el proyecto "promueve una importante política pública, basada en la protección de los derechos inherentes al área de la familia, viabilizando un foro especializado de la materia".

Somoza Colombani recomendó limitar las salas a los casos del Artículo 49 de la Ley 246, que se refiere a cuando no proceden esfuerzos para reunir al menor con su padre, madre o persona responsable, que se les haya privado de patria potestad y se haya determinado que la adopción es el plan de permanencia del menor. El funcionario recomendó favorablemente la medida el 8 de junio. El día 23 de ese mes la misma fue aprobada por el Senado en pleno.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, firmó el proyecto para su referido a La Fortaleza el 11 de julio, dos días antes que la versión final del mismo fue endosada por su autora Jennifer González. Sin embargo, no fue hasta el 4 de septiembre que la pieza legislativa fue remitida a La Fortaleza, según Alegría.