Habiendo votado la Legislatura por su derogación y luego de que el juez Eduardo Busquets Pesquera lo declarara inconstitucional, la mira está puesta en cómo procederá el gobernador Alejandro García Padilla respecto al Artículo 200 del Código Penal, que penaliza la protesta en proyectos de construcción.

El primer ejecutivo ha tenido una postura ambivalente sobre la llamada ley Tito Kayak, que se insertó en el Código Penal durante el gobierno de Luis Fortuño. Su promesa de campaña fue derogarla y luego de ganar reafirmó su compromiso en una reunión con ambientalistas, pero después cambió de parecer.

Cuando el secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, expresó en vistas públicas de la Cámara y el Senado que el artículo debía enmendarse y no derogarse, el gobernador avaló esa postura y la reafirmó en las semanas subsiguientes.

Un atisbo de vuelta atrás surgió la semana pasada cuando el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza y asesor de García Padilla, Jorge Colberg Toro, aseguró que la ley sería derogada y que lo que buscaba el mandatario era enmendar otros artículos del Código Penal para garantizar el derecho al disfrute de la propiedad.

En este momento, lo que haga el gobernador va a repercutir tanto en la política pública como en el único proceso judicial que se ha llevado por supuesta violación de este artículo.

Por un lado, García Padilla puede derogar el estatuto firmando el proyecto de ley que a esos fines le envíe la Legislatura, lo que podría ocurrir en los próximos días. Claro está, puede no hacerlo o trabajar con enmiendas como se ha anticipado.

De otra parte, el gobernador podría pedirle al secretario de Justicia no apelar la decisión del juez Pesquera, lo que liberaría de todo cargo a Robinson Rodríguez, Raúl Mari Fernández, Luis Omar García Mercado, Edwin Velázquez González, Javier Smith Torres y Rosemarie Vázquez Cruz, lo que ya hizo preliminarmente el juez Busquets Pesquera con su determinación del viernes. En cambio, si Justicia apela, el caso seguiría vivo y podría llegar hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Llamado al Gobernador

“El gobernador se comprometió antes y después de las elecciones a derogar ese artículo y ahora parece que reculea y quiere hacer una enmienda y no la derogación total... Ahora la bola está en la cancha del gobernador”, manifestó el licenciado Martín González, padre, quien lideró la defensa de los seis acusados.

“Si él no lo hiciera, como persona no merece respeto del pueblo de Puerto Rico”, opinó.

Javier Smith Torres, de 27 años y quien estudia economía en el Recinto Universitario de Mayagüez señaló: “Hoy (viernes) el juez dijo que era inconstitucional, la Cámara y el Senado aprobaron la derogación. Falta que Alejandro García Padilla no insista en la enmienda y que cumpla con su palabra original que era la derogación total”.

En la misma línea se expresó Luis Omar García Mercado. “Hoy (viernes) la Rama Judicial se expresó a través del juez Eduardo Busquets Pesquera y su decisión de declarar inconstitucional la ley, y ahora esperamos que el gobernador cumpla lo que fue su compromiso antes y después de las elecciones”, dijo el hombre de 31 años.