Los líderes de la Asamblea Legislativa censuraron este jueves la decisión del Tribunal Supremo que declaró la inconstitucionalidad de la colegiación compulsoria de los abogados.

También argumentaron que la determinación del máximo foro judicial es una afrenta más de esa rama de Gobierno en contra del Poder Legislativo.

El presidente del Senado, Eduardo Bhatia, y su homólogo en la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, insistieron en que la Legislatura tiene la facultad de regular la práctica de la profesión legal, y rechazaron que al imponer la colegiación mediante legislación se hayan extralimitado en sus poderes constitucionales.

“Este Tribunal Supremo se está arrogando unos poderes que no tiene, porque sigue delineando limitaciones a lo que es el Poder Legislativo. Podría entender una decisión del Tribunal Supremo basada en el derecho a la libre asociación, pero me parece un disparate decir que la Asamblea Legislativa no tiene el derecho en Puerto Rico a regular la práctica de la abogacía. ¿Dónde en la Constitución dice que el Tribunal Supremo va a regular la profesión de la abogacía?”, manifestó el presidente senatorial en entrevista con este medio.

“Nosotros, en la Asamblea Legislativa, hemos delegado en el Tribunal Supremo el examen de la reválida. Nosotros podemos regular la profesión de la abogacía como nos dé la gana. En ningún sitio de la Constitución dice que el Tribunal Supremo va a regular la profesión de la abogacía, en ningún sitio lo dice”, reiteró Bhatia, quien destacó además que otras jurisdicciones estadounidenses exigen a los abogados la colegiación para poder ejercer.

Perelló, en tanto, afirmó que ha sido el Tribunal Supremo el que se ha excedido en sus facultades, y planteó que la decisión sobre el Colegio de Abogados podría abrir la puerta para que otras profesiones colegiadas de manera compulsoria cuestionen ese modo de organizarse.

“La Cámara está clara de cuál es su poder, y es el poder de establecer política pública para el mejor interés de la ciudadanía. Nosotros actuamos y cumplimos con nuestro deber. La decisión es desacertada, y menciona que nosotros nos hemos extralimitado en nuestro poder constitucional. Creo (que los jueces del Supremo) deben empezar a mirar hacia dentro, sus decisiones recientes, creo que son ellos los que se están extralimitando en su poder constitucional”, señaló Perelló por separado.

El representante Luis Vega Ramos, uno de los principales propulsores de la colegiación compulsoria de los togados y cuya Comisión de lo Jurídico evaluó la pieza, criticó la opinión del Supremo, e insistió en que, durante el análisis de la medida que se convirtió en la Ley 109-2014, se probó que el Estado tiene un interés apremiante en regular la profesión legal.

Rechazó el lenguaje utilizado en la opinión de la mayoría vertida por la jueza asociada Mildred Pabón Charneco cuando establece que “escribir una oración (en la exposición de motivos de la ley) y añadirle la palabra ‘apremiante’ es sencillo, pero insuficiente” para validar una legislación que podría incidir en la libertad de asociación de los ciudadanos.

“Se hizo un proceso legislativo extenso, se estudió la jurisprudencia aplicable de Puerto Rico y Estados Unidos, y se sustentaron las conclusiones de política pública que llevaron a la aprobación de la medida. Si el Tribunal Supremo tenía un razonamiento legal distinto, es válido que lo concluya; no es válido cuestionar las intenciones y la diligencia para criticar la manera en que la Legislatura legisló lo que podía legislar”, subrayó Vega Ramos.

Mientras, el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Alto Cuerpo, el senador Larry Seilhamer, y el portavoz alterno en la Cámara, el representante Carlos “Johnny” Méndez, avalaron la decisión de la mayoría del máximo foro judicial.

Méndez dijo que, durante el debate legislativo sobre la medida hace unos meses, la minoría del PNP había advertido este resultado, y Seilhamer defendió que se anulara la colegiación compulsoria de los abogados a pesar de que él es miembro y defiende la gestión del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico.

“El planteamiento de los abogados es que, a diferencia del colegio mío, el (trabajo) de ellos está regulado y fiscalizado por el Tribunal Supremo, por lo tanto, no existe la necesidad de que el colegio regule ni fiscalice las funciones de los colegiados”, aseveró el senador del PNP.

En tanto, para la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, los argumentos esbozados en la opinión del Tribunal Supremo de 40 páginas carecen de toda validez, pues a su juicio, lo que subyace en toda la controversia es un interés político partidista.

“Es desafortunado que el Tribunal Supremo concluya que una profesión de tan alto interés público como la abogacía, que el Estado no tenga prerrogativas para mandatar la colegiación. Aquí nadie puede pretender ser más inocente de la cuenta, aquí no se trata de si se logra probar algo o no (el interés apremiante del Estado), aquí hay un elemento político partidista”, puntualizó Santiago.

Cuando en el 2009 la administración del gobernador Luis Fortuño aprobó la legislación que acabó entonces con la colegiación compulsoria, quienes favorecían esa acción argumentaron que el Colegio de Abogados no respondía a los intereses del gremio, sino a la voluntad de sectores independentistas.