Varios líderes de los sindicatos que representan a los empleados del Gobierno central se reunieron este martes en La Fortaleza con la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila, para dar seguimiento a las gestiones relacionadas con la implantación de la Ley de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno (Ley 66-2014).

Luisa Acevedo, de la Federación Central de Trabajadores; Manuel Perfecto, de la Unión General de Trabajadores, y Federico Torres Montalvo, secretario general de la Coordinadora Unitaria de Trabajadores del Estado, entre otros líderes sindicales, discutieron con la funcionaria cuáles serán las bases para fiscalizar los recaudos del Gobierno y, de esa manera, determinar el futuro de los ajustes que hicieron a los beneficios incluidos en los convenios colectivos.

“Es importante mantener esa comunicación que tuvimos”, dijo a este medio Torres Montalvo a su salida del encuentro.

“Hoy (martes) es la primera reunión que tenemos con la secretaria después de ratificados los acuerdos, y un poco viabiliza el que se conformen los comités que vamos a evaluar los recaudos del Gobierno para ver si se puede cumplir con las disposiciones que establece el convenio colectivo y que quedaron momentáneamente paralizadas por la Ley 66”, añadió el líder sindical.

Explicó que los referidos comités de trabajo ya se están creando, y estarán compuestos por representantes de las agencias del Gobierno central y los sindicatos que aglutinan a los empleados públicos.

“La reunión con la secretaria fue para agilizar la conformación de esos comités”, detalló Torres Montalvo.

Mientras, Vila indicó en declaraciones escritas que hasta el momento, el 99.31% de los empleados unionados de Gobierno central llegaron a acuerdos con el Ejecutivo.

“Agradecemos a estos trabajadores y trabajadoras, pues queda demostrado su voluntad colaborativa y su compromiso con el País”, dijo la secretaria, quien también confirmó la asistencia a la reunión de Roberto Pagán, presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT); Annette González, presidenta de Servidores Públicos Unidos (SPU); y Héctor L. Ortega, representante internacional de la United Auto Workers (UAW).

Los acuerdos ratificados, subrayó, cobijan un total de 42,609 empleados unionados de los 59,985 o un 71.03% de los trabajadores organizados sindicalmente en el Gobierno central y corporaciones públicas.

Contrario a las uniones que representan a los empleados de las corporaciones públicas, las organizaciones obreras de los empleados cobijados por la "Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico" (Ley 45-1998) llegaron a un acuerdo con el Ejecutivo a principios del mes pasado sobre la manera en que se instrumentaría la Ley 66-2014.

Ante ese panorama, el gobernador Alejandro García Padilla instó a los líderes sindicales y a los jefes de las corporaciones públicas que representan a esos funcionarios a negociar de buena fe para dirimir posibles cambios en los convenios que permitan obtener los mismos resultados que busca la Ley 66, sin que entren en efecto todas sus disposiciones.