La ley para incentivar el traslado de individuos inversionistas a Puerto Rico con exenciones contributivas sumamente generosas no está redundado en beneficios para el país, o por lo menos, no hay prueba de ello, reclama el representante popular Manuel Natal en un proyecto de ley en que pide que se derogue el estatuto.

La ley que promueve el traslado de millonarios a la Isla, según el legislador, pudiera convertir a Puerto Rico en un “paraíso fiscal” de ciudadanos estadounidenses que lo que busquen sea incumplir con su responsabilidad federal y estatal en los Estados Unidos.

La Ley 22 de 2012, potenciada por la actual administración de Gobierno, ofrece exenciones fiscales a millonarios estadounidenses que no hayan vivido en Puerto Rico en los últimos seis años, si estos desean establecer aquí su residencia e invertir riquezas en el país.

“Esa medida tiende a favorecer que grandes fortunas que tributan en los Estados Unidos puedan aprovechar la autonomía fiscal que provee el Estado Libre Asociado para no pagar contribuciones al gobierno federal, a la vez que no pagaría contribuciones sobre ingreso a nivel local”, explica el legislador en su pieza legislativa.

Natal apunta que ese tipo de esquema de “deslocalización” o “offshoring” funciona a gran escala y provee que el sector financiero se ubique en países con  legislación más flexible en torno a sus contribuciones sobre ingreso y sus transferencias financieras.

En Puerto Rico, hasta la fecha, no se han hecho públicos los informes que determinen cuáles –si algunos- han sido los beneficios de la Ley de 2012, advierte el representante del PPD.

Natal subraya que tampoco se ha informado quiénes son las personas que se han acogido a los beneficios del estatuto.

“Los beneficios financieros no han sido notables en los datos de depósitos o liquidez ofrecidos por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. Los depósitos en bancos comerciales continúan en picada, a pesar de la aprobación de esa ley”, afirma el legislador en la medida.

Natal concluye que la aportación de la ley de beneficio contributivo para los millonarios no se ha refleado en un aumento en los depósitos de los comerciales de Puerto Rico.

Las compañías de financiamiento tampoco ha  resultado beneficiadas por el capital o liquidez atraída por el estatuto, añade, resaltando a su vez que esas instituciones siguen perdiendo activos.

“La Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico no está trayendo beneficios al País; no da muestras de poder cuantificar beneficios, y funciona para incentivar la evasión contributiva de personas millonarias en los Estados Unidos. Esta Asamblea Legislativa ha sido consistente en distanciarse  de procesos en los no medie la transparencia y el buen Gobierno. El reconocimiento de Puerto Rico como paraíso fiscal para fomentar la evasión contrasta con nuestra lucha para reformar el sistema contributivo de forma integral, para allegar más recursos al fisco a través de captar a los actuales”, consignó Natal en la pieza legislativa presentada recientemente.