Un proyecto de ley presentado la semana pasada por la administración de Alejandro García Padilla busca librar a las corporaciones públicas de las “influencias indebidas” que puedan ejercer los funcionarios electos del Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y los municipios. 

El Proyecto de la Cámara 2759 -y su equivalente Proyecto del Senado 1531- enmendaría la “Ley de Ética Gubernamental” del 2011 para disponer que ningún funcionario electo de las tres esferas mencionadas podrá “intervenir indebidamente en el desempeño de las funciones o toma de decisiones” de los empleados de corporaciones públicas en asuntos o controversias sobre relaciones laborales o recursos humanos, como nombramientos, compensaciones, negociaciones de convenios colectivos y contrataciones. 

La intención de la medida del Ejecutivo, según su exposición de motivos, es evitar que medien consideraciones personales en el reclutamiento de personal en las corporaciones públicas y promover que el criterio rector en esos procesos sea la capacidad profesional de los candidatos. 

“Es impostergable prohibir la intervención indebida en el desempeño de las funciones o toma de decisiones de los funcionarios de las corporaciones públicas. Por ello, es necesario e impostergable enmendar el Artículo 4.7 y añadir el Artículo 4.9 a la ‘Ley de Ética Gubernamental’ para prohibir este tipo de influencias indebidas en las corporaciones públicas”, señala la medida. 

De aprobarse el proyecto, quedaría prohibido que los funcionarios electos participen directa o indirectamente en el desempeño de funciones o en la toma de decisiones de las corporaciones públicas en materia laboral, pero se establece como excepción que podrán hacerlo “cuando se trate de una notificación o comunicación formal del funcionario como parte de sus gestiones y obligaciones oficiales cuando su intervención sea necesaria para proteger la vida, propiedad o la seguridad pública en casos de emergencia”. 

También se dispone para la imposición de multas administrativas contra quienes incurran en la conducta que quedaría proscrita, si prospera la legislación. 

El proyecto de ley fue referido para estudio a las comisiones de Gobierno del Senado y la Cámara de Representantes, que presiden el senador Ángel Rosa y el representante José “Conny” Varela, respectivamente.