Por un lado, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y los presidentes legislativos, el senador Thomas Rivera Schatz y el representante Carlos “Johnny” Méndez, no descartaron apelar el dictamen de la jueza que atiende el caso de quiebra de Puerto Rico.

El senador independentista, Juan Dalmau, expresó que la vía judicial reitera la autoridad del Congreso sobre Puerto Rico y afirmó que la opción es la vía política.

El portavoz popular cameral Rafael “Tatito” Hernández emplazó al liderazgo legislativo a que apele el dictamen judicial.

“La decisión del tribunal federal sujeta el pago del Bono de Navidad de nuestros empleados públicos a que reduzcamos gastos de nómina con acciones como el despido de empleados públicos, medidas con las que estamos en desacuerdo rotundo y no ejecutaremos”, reaccionó el Gobernador desde Colombia.

Relacionadas

“La determinación de la jueza no borra de la mente de nuestro pueblo, los abusos, la soberbia y la incapacidad de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico. La Junta no ha resuelto un solo problema en la Isla. De hecho, la Junta es parte del problema. Esa determinación de la jueza tampoco detiene nuestro empeño de combatir los abusos de la Junta y el problema de fondo, la condición colonial de Puerto Rico”, planteó Rivera Schatz en expresiones en sus cuentas de las redes sociales.

El presidente de la Cámara de Representantes indicó también que no acatarán la decisión judicial. 

Méndez dijo que la JSF no tiene la facultad de decidir cuántos empleados necesita el Gobierno, qué servicios se ofrecerán al pueblo, el nivel del salario mínimo federal, o la asignación de partidas presupuestarias a diferentes agencias como la Universidad de Puerto Rico, la salud y agencias de seguridad.

“Lucharemos en todos los frentes, en los tribunales, en el Congreso, en la Casa Blanca, en la calle; para llevar el mensaje de que la democracia, el proceso de nuestro pueblo escoger sus líderes en libertad y sin opresión, está por encima de toda consideración y se tiene que respetar”, sostuvo.

“Esto demuestra que la confrontación contra la Junta y la colonia no puede ser por la vía judicial. Tiene que ser por la vía política y ya hay una propuesta del PIP para que vayamos unidos al Congreso a reclamar que se inicie el proceso de descolonización y la salida de la JSF”, subrayó Dalmau.

El senador independentista añadió que la iniciativa pipiola ha sido avalada por el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, y “solo falta que el gobernador Rosselló designe su representante en el comité”.

Por su parte, Hernández dijo que la demanda del PPD “sigue viva” y opinó que el Gobierno y el liderato legislativo no pudieron argumentar el planteamiento de “coacción” de la JSF de obligarlos a aprobar la Ley 80, sobre despidos injustificados en el sector privado.

“La jueza se desvía y no atiende el verdadero hecho de la Junta, de intervenir en la política pública”, expresó.

Para el portavoz del PPD en el Senado, Eduardo Bhatia, en el fallo judicial “hay una de cal y otra de arena”.

“El presupuesto sí lo establece la Junta, pero también, le limita los poderes porque la Junta ha querido extenderse. Le dice, tú no puedes derogar y crear una ley, que eso es bueno que se aclare. Y no puedes exigirle al gobernador que ejecute como tú entiendes que se debe ejecutar más allá del presupuesto global”, opinó Bhatia.

La JSF por su parte, al reaccionar a la decisión judicial, instó al Gobierno a poner en vigor “a cabalidad” los planes fiscales y presupuestos certificados. 

“Ahora nuestro trabajo tiene que estar enfocado en implantar reformas necesarias, resolver la aplastante crisis fiscal y transformar la economía de la Isla”, dijo su presidente José Carrión. 

Indicó que en los próximos días y semanas, la Junta espera que el Gobierno “demuestre progreso sustancial en cuanto a la implantación de reformas para mejorar la eficiencia y transparencia del sector público, y en lograr que la economía de Puerto Rico sea más atractiva para negocios e inversionistas”.

Agregó que continuarán “adelantando planes de ajuste con los acreedores para lograr restructuraciones a la deuda y el regreso a los mercados de capital”.

La decisión

Al desestimar las demandas del Gobierno y de las Cámaras Legislativas, la jueza Taylor Swain validó los poderes de la JSF, que le otorgó la ley federal Promesa y estableció que el presupuesto certificado por la JSF el pasado 30 de junio, es el que deberá implementar el Gobierno este año fiscal.

La jurista denegó el reclamo de Rosselló de que las recomendaciones hechas por el organismo federal no son “vinculantes” cuando estas se incorporan en un plan fiscal.

Tampoco reconoció el reclamo de que la JSF se ha excedido en sus poderes.

Según la jueza, aunque la ley Promesa permite que a través del plan fiscal mejore la gobernanza fiscal, la contabilidad y los controles internos del gobierno, el estatuto federal no autoriza explícitamente que se creen “detonantes” que automáticamente limiten las asignaciones en un presupuesto posterior y en el caso de aprobación de leyes, el organismo federal solo tiene “herramientas presupuestarias” y “negociaciones” para obtener las acciones deseadas de parte de los oficiales electos.

“Que esta autoridad poderosa para hacer ciertas determinaciones de política importantes descanse en última instancia en la JSF no deja, sin embargo, al gobernador electo irrelevante o sin dientes”, sostuvo Taylor Swain al explicar que Promesa provee para que sea el Gobierno quien primero provea la guía para los recursos fiscales y que en este caso, ambas partes, reconocieron que hubo negociaciones “extensas”.