La incertidumbre que aún genera la controversia sobre la reducción de jornada laboral sigue haciendo sudar a los empleados públicos ante la falta de un desenlace en el proceso judicial presentado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que el gobierno ejecute la medida de austeridad que se ha negado a acatar por considerarla en estos momentos innecesaria.

 El reloj dio paso esta madrugada a la temida fecha del 1 de septiembre cuando se supone que el gobierno comenzara a implantar la directriz del ente federal dirigida a reducirle dos días de trabajo al mes a los empleados de la Rama Ejecutiva, excepto los policías de primera línea.

Pero ayer el gobernador Ricardo Rosselló Nevares se reafirmó en que no va a implementar la medida de austeridad ordenada por la JSF el 4 de agosto, aunque esta semana no descartó utilizarla de encontrarse en un escenario “tétrico” de falta de liquidez.

“Estamos siendo prudentes en esta aseveración; estamos siendo racionales en esa aseveración pero, también estamos siendo firmes porque entendemos que es una medida que no rendirá frutos beneficiosos para Puerto Rico y por lo tanto mañana (hoy), como hemos establecido, esa medida no se va a implementar”, dijo el gobernador luego de participar en la Convención de Contadores Públicos Autorizados en Fajardo.

En entrevista con Primera Hora, el representante del gobernador ante la JSF, Christian Sobrino, dijo ayer que aún no han contestado la demanda de sentencia declaratoria e interdicto presentada por la junta el pasado lunes y que el “cómo y cuándo (lo harán) es un asunto de estrategia legal que no vamos a estar compartiendo hasta que ya finalmente se haga”.

Se le preguntó si hay negociaciones paralelas con la junta a pesar de que la demanda está en curso, y este respondió que “hay discusiones con la junta constantemente para muchos temas incluyendo este porque nuestra preferencia, y siempre hemos sido consistentes con esto, es que preferimos muchísimo más que esto no tenga que atenderse en la vía judicial, sino que se pueda llegar a un entendido mutuo”. 

 Agregó, no obstante, que nos “reafirmamos en que la reducción de jornada no es necesaria y que el gobierno está llevando las reformas necesarias para cumplir con los números que establece el plan fiscal”.

¿Esas conversaciones... serían para llegar a un acuerdo que tal vez haga innecesario la continua-ción del proceso judicial?

“Nosotros esperaríamos que sí. Que ellos puedan ver, que se pueda llegar a un entendido, y que no es necesario continuar con el proceso judicial”.

El ente federal justificó la medida a principios de agosto al decir que el gobierno necesitaba ahorrar $218 millones adicionales para el presente año fiscal, ya que solo había alcanzado $662 millones. En respuesta, el gobernador alegó que no acataría la decisión por considerarla innecesaria porque para entonces en el Departamento de Hacienda había una reserva de $1,799 millones.

En la demanda, la junta pide al tribunal que declare que el plan incluye sus enmiendas, entre estas la reducción de jornada si ciertas metas no se cumplen y una reforma de pensiones. “El gobernador tiene que cumplir y hacer cumplir el Plan Fiscal para Puerto Rico en su totalidad, incluyendo sus enmiendas”, dice una comunicación de la junta.

“La junta también le pide al tribunal un interdicto prohibiéndole al gobernador rehusarse a cumplir con y hacer cumplir el Plan Fiscal para Puerto Rico (incluyendo sus Enmiendas) o de otro modo tratar las enmiendas como si no fueran parte del plan fiscal”, agrega el documento.

“No hubo... acuerdo”

De otro lado, el presidente de la JSF, José Carrión, dijo ayer en radio (Noti Uno) que el plan fiscal que certificaron es el propuesto por el gobernador; que la junta sí presentó como enmiendas a ese plan que, si no se cumplían las proyecciones económicas, se podrían imponer medidas como reducción de jornada y eliminar el Bono de Navidad, y que así fue aceptado por el gobernador. 

La opción a la reducción de jornada era despedir gente, agregó. “Se negoció, para evitar cesantías, una reducción de jornada laboral, y todo eso saldrá en el tema legal (la demanda)”, expresó Carrión. 

Pero ayer en la tarde Rosselló Nevares dijo en una rueda de prensa en La Fortaleza, que la “negociación del gobierno con la Junta de Supervisión Fiscal se tenía que hacer con los principales, entiéndase el Gobernador de Puerto Rico, en aquel caso el represente de la Junta de Supervisión Fiscal, Elías Sánchez, y Gerardo Portela, que es el director de AFFAF. No, no hubo ningún acuerdo. Cualquier conversación que haya ocurrido entre terceros, si la ocurrió, eso es otra cosa, pero yo le puedo garantizar a ustedes que aquí no hubo ningún acuerdo con el gobierno de Puerto Rico para poder implementar eso”.

En otro asunto, Carrión recordó ayer que la posibilidad de eliminar el Bono de Navidad está contemplada en el plan fiscal aprobado, si no se logran las proyecciones económicas. “Se pasará juicio sobre el Bono de Navidad próximamente”, dijo Carrión.