Por unanimidad, la Cámara de Representantes aprobó la creación de los Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Abuso Sexual (Cimvas), una iniciativa que busca poner bajo un mismo techo a todos los funcionarios que trabajan con estos menores para así reducir la revictimización.

El proyecto cameral 1525 surge de un grupo multisectorial para combatir la crisis social que representa el maltrato, dijo el presidente cameral Jaime Perelló. "Si tenemos una crisis social que no hemos atendido, pensando que son asuntos de largo plazo y en la mezquidad de la inmediatez, la Cámara no se iba a prestar a ese juego", indicó.

Por su parte, la expresidenta cameral y portavoz novoprogresista, Jenniffer González, recordó que este tipo de crímenes suele ocurrir en el entorno familiar.

"Para la Asamblea Legislativa esto ha sido un tema casi tabú, así que nosotros como delegación le vamos a votar a favor y no le vamos a proponer enmiendas", dijo González, quien recordó que la mayoría de estos crímenes se da en el entorno familiar.

La representante Luisa "Piti" Gándara, cuya Comisión de Bienestar Social y para la Erradicación de la Pobreza evaluó el proyecto, dijo que se crearían seis centros en los próximos dos años, que toman como modelo entes similares en Estados Unidos y la experiencia de esfuerzos anteriores del gobierno estatal.

Parte importante, enfatizó Gándara, es que se reducen de 12 a 3 las entrevistas que tiene que responder ese niño abusado.

"Imagínense por un momento que usted es un niño víctima de abuso sexual... y tener que repetir su historia (de agresión) una y otra vez", expresó la exprimera dama. "En vez de contar la historia a todo el mundo, todo el mundo estará ahí para escuchar su historia", dijo Gándara.

El Senado considerará el proyecto la próxima sesión que comienza en enero, agregó.

Esta medida fue una de docenas de proyectos que la Cámara evaluó durante la jornada de hoy, que pasada las 9 p.m. se encontraba enfrascada en un tercer calendario de órdenes especiales -paquete de proyectos- y el portavoz Charlie Hernández consideraba trabajar un cuarto calendario.

Una de esas medidas que generó debate fue el proyecto 1568, en el que se le dio hasta el 1 de febrero al gobierno para bajar el impuesto de ventas y uso del 7% al 6.5%, tal y como prometió el gobernador Alejandro García Padilla en el pasado mensaje de estado

Esa rebaja del IVU debía entrar en vigor este próximo primero de diciembre.

La portavoz novoprogresista dijo que ésta es una de muchas promesas incumplidas por García Padilla. "Esta es la costumbre del primer ejecutivo del País, incumple, falta a todos sus compromisos y a su palabra", dijo González.

Otra medida pendiente supone que el gobierno tomaría prestado $34 millones para comprar cuatro helicópteros para la Policía, según la Resolución Conjunta 413.

Conforme la resolución la Cámara autoriza a la Administración de Servicios Generales a tomar prestado al Banco Gubernamental de Fomento o de la banca privada esos $34 millones, que la Policía en calidad de arrendatario debería pagar.

La delegación novoprogresista le votaría a favor, pero el representante José Aponte expuso objeciones, como que no se tenía claro quien sería el titular de los helicópteros una vez la Policía page el dinero. Cuestionó qué tipo de nave se adquirirían, para justificar el gasto, así como los pormenores del financiamiento y el costo final, entre otros detalles.

Mientras, el representante Antonio Soto culpó a la Asociación de Bancos por impedir que un proyecto de su autoría, que según él fue votado a viva voz, no fuera incluído para votación final y exhortó a los representantes de los comerciantes y grupos profesionales a estar vigilantes para defender este proyecto.

El Proyecto 1350 crea la "Ley para Mediación Compulsoria y Preservación del Microempresario, Pequeño y Mediano Comerciante en los procesos de cobro de dinero". Con este mecanismo, cuando alguien someta una demanda de cobro contra una pequeña empresa, el tribunal tendría que nombrar un mediador para buscar un acuerdo que permita a la empresa seguir operando, según la medida.

Cambios al FEI pendiente de votación final

También se aprobaron a viva voz enmiendas a la Ley del Fiscal Especial Independiente (FEI) para prohibirle a los miembros del panel de ex jueces tener contratos con el gobierno; y para obligar a la entidad a proveer sus datos al Instituto de Estadísticas.

En vista pública, el panel del FEI apoyó las enmiendas contenidas en el Proyecto 1326, que estaba pendiente de votación final.

Otra medida pendiente recomienda aumentar de seis meses a tres años la pena de cárcel por golpear a una persona en un accidente de tránsito.

El proyecto, que coincide con las recientes muertes de ciclistas en las carreteras, tiene dos versiones, ambas de los novoprogresistas Ángel Bulerín y Ángel Muñoz. Pero, el proyecto que se estaría aprobando es el de Bulerín.

Otro proyecto considerado tarde esta noche en la Cámara pretende aumentar la seguridad de los usuarios de tarjetas de crédito y débito y otra medida propone la eliminación de la estructura actual de la Comisión de Servicio Público.