La Asociación de Maestros y 14 profesores del sistema público de enseñanza sometieron hoy miércoles en el Tribunal de Primera Instancia una demanda para que se declaren inconstitucionales las recientes enmiendas al Sistema de Retiros del magisterio.

"Las modificaciones al plan de retiro de los maestros, aprobadas por la Legislatura, y convertidas en ley con la firma del Ejecutivo, laceran irrazonablemente los derechos que tienen estos sobre su pensión y no se justifican", reza el documento.

La demanda fue asignada a la sala 907 del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, que preside la jueza Giselle Romero. Esta es una de las salas que permite el acceso de las cámaras y micrófonos de la prensa.

El recurso de 33 páginas solicita un interdicto preliminar y permanente para paralizar de inmediato la entrada en vigor de la ley 160 para impedir que los educadores sufran "daños irreparables" por el menoscabo "sutancial y severo" a la pensión de los maestros.

También se pide al tribunal que emita una sentencia declaratoria que declare nula e inconstitucional la nueva ley porque viola disposiciones como la cláusula de debido proceso de ley, atenta contra los intereses propietarios de los maestros, menoscabo de obligaciones contractuales, establece clasificaciones irrazonables en contra de la igual protección de las leyes, y enriquecimiento injusto por parte del Estado.

Como parte de la demanda se critica la forma "atropellada" y rápida en que la ley se aprobó a finales del año pasado.

"Hay una ausencia total y absoluta de información precisa, sostenida por los concernidos en la materia, de que la ley impugnada representa una medida adecuada para atender la situación financiera del Sistema de Retiro para Maestros y que las medidas implantadas son las menos onerosas para la clase magisterial que reclama, entre otras cosas, el menoscabo de sus obligaciones contractuales", lee otro fragmento del recurso judicial.

También se alega que el gobierno le debe al sistema de retiro $2,462 millones "y no existe evidencia de que se vaya a saldar"; que la nueva ley le impide a los maestros demandar a los que manejen la cartera de inversión del sistema, y se describe como una expropiación forzosa la prohibición a los maestros de obtener un reembolso de su dinero en la cuenta del sistema de retiro.