Para reactivar la economía, el representante popular, Manuel Natal Albelo, propuso dejar de pagar la deuda extraconstitucional por los próximos cuatro años fiscales y renegociar las exenciones contributivas a las empresas foráneas.

Estas propuestas se encuentran recogidas en un paquete de medidas que el legislador radicó el pasado lunes, último día para presentar legislación que pueda ser considerada durante la presente sesión.

 En una conferencia de prensa realizada en el Capitolio, Natal detalló que su propuesta principal es declarar al Gobierno de Puerto Rico en Estado de Emergencia Fiscal mediante legislación para que se pueda “reestructurar el repago de la deuda pública que no goce de garantía constitucional expresa con la entera fe y el crédito”.

 El efecto sería dejar de pagar, desde el año fiscal 2014-2015 hasta el 30 de junio de 2018 la deuda extraconstitucional, la cual representa el 78% de los $71,902 millones que el Gobierno le debía a acreedores para diciembre de 2013. La economía total que generaría la movida ronda en unos $2,900 millones anuales, dijo.

“En la medida en que se declare esta moratoria, el dinero que se estaba conceptualizando para el pago de deuda se reinvertiría para reactivar la economía”, expresó el legislador.

 Específicamente, el proyecto de la Cámara 2003 expone que “el gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico obtendrá las medidas de ahorro de desembolsos extraordinarios necesarias para conformar un fondo de inversión para mejoras capitales, para el desarrollo de pequeños y medianos comercios nativos, entre otros proyectos de inversión social y económica directa”.

 Natal no supo indicar cuál es el efecto que tendría en la Isla el que se deje de pagar gran parte de la deuda contraída y si se tendría que saldar el cúmulo de los intereses acumulados por los cuatro años fiscales en los que no se cumpla con el compromiso financiero.

Señaló, en cambio, que lo positivo sería que habría un periodo que “nos sirve para reorganizarnos como país, para lograr el crecimiento que podamos y poder lograr cumplir nuevamente con nuestros acreedores”.

 La segunda propuesta, entretanto, es para renegociar decretos que otorguen tasas contributivas preferenciales a las empresas foráneas.

 “En momentos que estamos hablando de crisis económica, debemos repensar los subsidios que se dan a otras áreas. Es importante que repensemos los subsidios dados en incentivos industriales, incentivos contributivos y para fomentar la exportación de servicio... Lo que yo propongo es que paguen lo que es justo”, precisó.

 Natal justificó este paso, al presentar un informe del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio en el que se da a conocer un cuadro de poca participación económica en la Isla por parte de las empresas que reciben beneficios del Gobierno.

 Como ejemplo, expuso que las 36 empresas que se benefician de la Ley 20 de 2010, que otorga exenciones para fomentar la exportación de servicios, solo nueve presentaron documentos para el “Informe anual al gobernador y a la Asamblea Legislativa año fiscal 2012-2013” en las que expusieron que entre todas pagaron solo $54,000 en contribuciones, pese a que presentaron activos por $5 millones, y que solo invirtieron en la Isla $4,666 en compra de maquinarias y tecnología.

El representante popular señaló, además, que de las 1,400 empresas que reciben exenciones contributivas, solo 666 o el 40% presentaron documentos sobre sus actividades empresariales al Gobierno.

 Por otro lado, el legislador radicó una resolución para evaluar la posibilidad de que el Gobierno demande a las casas acreditadoras que degradaron el crédito de la Isla (Moody’s, Standard and Poor’s y Fitch).

 Dijo que la acción judicial se debe a que el Gobierno cumplió con todas exigencias que les hicieron para no degradar el crédito “y lo que han obtenido es una degradación. Nuestro mejor argumento es que en ese proceso de evaluación, no se fue justo con el pueblo de Puerto Rico”.

 Reveló que otras 17 jurisdicciones de Estados Unidos, como Arizona, Iowa y Californa, han radicado demandas contra Standard and Poor’s por fraude y fabricación de información.

 Además, el representante radicó otra resolución para boicotear las empresas matrices de las casas acreditadoras. Una de estas es la casa distribuidora de libros, The McGraw Companies, quien es propietaria de Standard and Poor’s, dijo.