Por entender que provocaría un aumento adicional en el costo de los medicamentos y en los servicios de salud, varios representantes de compañías dedicadas a la administración de beneficios de farmacia (PBM, en inglés) rechazaron este martes un proyecto de ley que establecería un nuevo ente gubernamental para regular sus operaciones. 

Los PBM son aquellas empresas contratadas por las aseguradoras de salud, y que sirven de intermediarios con las farmacias para procesar la facturación y reclamaciones de las recetas dispensadas a los pacientes. Las compañías son las encargadas de pagar por los servicios que ofrecen las farmacias en el país. 

Algunas de estas empresas, como MC-21, Abarca Health y CVS Health se opusieron al Proyecto del Senado 1372 porque, según plantearon ante la Comisión senatorial de Salud, sus disposiciones atentan contra la libre competencia y la libertad de contratación con las aseguradoras, lo que podría encarecer los servicios que se prestan a la ciudadanía, y advirtieron que la legislación también tiene visos de inconstitucionalidad.

“El efecto del P. del S. 1372 será incrementar los costos de medicamentos. Quienes pagarán este aumento son los patronos, el gobierno, las aseguradoras locales y, finalmente, el consumidor puertorriqueño, ya sea mediante aumento en primas o aportaciones, o reducción de beneficios”, advirtió Adriana Ramírez, asesora legal general de Abarca Health, durante una vista pública.

“Como hemos podido observar en los pasados meses, los recortes a los fondos disponibles para los programas federales de salud en la Isla, el incremento en el costo de medicamentos genéricos, los nuevos medicamentos que están saliendo al mercado con costos que sobrepasan los $100,000 por tratamiento, entre otros factores, complican aún más el marco actual del sistema de salud del país. Una legislación como esta será un peso más a nuestro sistema frágil”, abundó la abogada. 

La pieza legislativa, presentada por el senador popular José Luis Dalmau a petición de un grupo de farmacias de la comunidad, enmendaría la “Ley Orgánica del Departamento de Salud” para, entre otras cosas, crear la Oficina del Comisionado Regulador de los Administradores de Beneficio de Farmacia, adscrita al Departamento de Salud.

Aunque Ramírez argumentó que los PBM actualmente están sujetos a reglamentación a nivel estatal y federal, no se opuso a que se adopten medidas dirigidas a uniformar sus operaciones. 

“El proyecto no establece procesos uniformes y claros. Lamentablemente, algunas disposiciones tienden a socavar los derechos de libre contratación y sana competencia”, subrayó.

Dalmau, también presidente de la Comisión de Salud, indicó a este medio que la intención legislativa es garantizar mayores salvaguardas a las farmacias de la comunidad en su relación con los PBM, y dijo que esos objetivos podrían alcanzarse mediante mecanismos alternos a la creación de la nueva oficina.

“En las vistas, se ha dado una información que evidencia la necesidad de que esto se reglamente… No buscamos un aumento (en los costos) para ellos, ni aumentos para el paciente, lo que queremos es una justa compensación (para las farmacias) y un proceso reglamentado. Ahora no está reglamentado, cada PBM establece su negocio como quiera”, sostuvo el legislador del mayoría.

Durante la audiencia pública, los PBM señalaron que están sujetos a legislación y reglamentación estatal y federal, pero por vía de los estatutos que les aplican a sus clientes, como serían las aseguradoras de salud.