La crisis económica y la histórica emigración que ha provocado han agravado la situación que sufren decenas de ancianos en Puerto Rico, que viven en hospitales abandonados por sus familiares, incapaces de hacerse cargo de ellos.

Según dijo explicó hoy a Efe Charissa Crispín, jefa de la secretaría auxiliar de la Administración de Servicios de Personas de Edad Avanzada y Adultos con Impedimentos del Departamento de la Familia, al final del pasado año fiscal (que acabó el 30 de junio), más de un centenar de ancianos han quedado desamparados en diversos centros de salud de la isla.

Crispín explicó que estas personas mayores de 60 años "habitan" en los hospitales, donde muchas veces incluso llegan solos después de haber estado viviendo en condiciones infrahumanas o incluso deambulando por las calles. En otras ocasiones algún conocido los deja allí por tras algún problema médico y luego ningún familiar los recoge.

"Es indignante. Los valores familiares se están perdiendo y la situación se agrava cada vez más", lamentó Crispín, quien dijo que el Departamento de la Familia desembolsa $3.5 millones mensuales para hacerse cargo de ese grupo y reubicarlos en residencias de ancianos.

Esta responsabilidad gubernamental va acorde con la Ley 121, que reconoce la responsabilidad del Gobierno de proveer, hasta donde sus medios y recursos lo hagan factible, las condiciones adecuadas que promuevan en las personas de edad avanzada el goce de una vida plena y el disfrute de sus derechos naturales humanos y legales.

La problemática, igualmente, ha llegado a que el Gobierno someta casos judiciales contra familiares de los ancianos obligándolos a que se responsabilicen de los mayores, pues el Departamento de la Familia solo se hace cargo "del físico" del afectado.

"La realidad es que Puerto Rico es un país envejecido y en ese sentido no hemos planificado nuestra vejez y a veces vivimos sin reconocer que vamos a envejecer. A ello se suma la situación fiscal, que es bien crítica", aseguró Crispín.

La mayoría de estos ancianos, indicó, "sobreviven económicamente" mes a mes con su pensión del Seguro Social, con el dinero que han guardado de su retiro profesional o con los ingresos que reciben del Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

Según Crispín, el 64 % de la población en Puerto Rico que recibe el PAN es de edad avanzada. Este programa provee tan sólo entre $118 y $138 mensuales, según sus datos, lo que representan una cantidad "bastante escasa" para sobrevivir.

En ese sentido, apuntó que el costo de un hogar de cuido de ancianos puede fluctuar mensualmente entre los $1,200 y $1,800 en la isla, a lo que hay que sumar los gastos en medicamentos y la compra de pañales y demás materiales necesarios para cuidarse y mantener unas condiciones de vida dignas.

"Es muy oneroso", reconoció Crispín.

La funcionaria dijo que hace diez o quince años los familiares de los ancianos tendían a dividirse las responsabilidades de atender a sus padres, pero debido a los problemas económicos y sociales que ha tenido la isla, en recesión desde hace más de una década, miles de puertorriqueños han emigrado a EE.UU. y muchos otros simplemente no tienen recursos para atender a sus mayores.

Se calcula que el 45 % de la población de la isla, que ronda los 3,5 millones de habitantes, vive bajo el umbral de la pobreza.

"Hemos perdido de perspectiva de que la responsabilidad no es del Gobierno, sino de la comunidad y los familiares todos vamos al proceso de envejecimiento. Hay que implantar de forma urgente una cultura de respeto hacia los mayores", sentenció.

Crispín, quien además dijo que el Departamento de la Familia se encarga de ubicar en residencias de cuido a personas con impedimentos entre las edades de 18 y 59 años, lamentó que Puerto Rico reciba económicamente un 7 % menos en fondos federal que cualquier otro estado para este tipo de gastos, lo que hace más crítica la situación para los ancianos.