La Cámara de Representantes aprobó este miércoles por unanimidad un proyecto de ley que busca garantizar que aquellas personas que hayan residido durante 10 años o más en un apartamento de un residencial público tengan prioridad en el traspaso del título de propiedad de la vivienda que ha habitado.

El Proyecto de la Cámara 784 enmendaría la "Ley de Traspaso de los Residenciales" con el fin de evitar que se especule con las propiedades y no se le niegue el derecho a poseer la titularidad del apartamento a los residentes que, por algún plan de reconstrucción o mejoramiento de la infraestructura, sean removidos temporeramente del complejo de vivienda pública.

"Se conferirá prioridad para el traspaso a la familia residente durante 10 años o más en determinada unidad de vivienda de un proyecto de vivienda pública ya existente, aun cuado haya estado sujeta a la reubicación por motivo de la reconstrucción y la modernización de la unidad o del proyecto donde haya residido por el término especificado", reza la pieza legislativa.

El proyecto de ley advierte, sin embargo, que la "transferencia de la titularidad se hará siempre y cuando la persona cumpla con todos los requisitos bajo los cuales se vaya a efectuar la compraventa de la unidad".

En el informe que recomendó la aprobación de la medida, el representante popular Carlos Vargas Ferrer, presidente de la Comisión cameral de Vivienda y Desarrollo Urbano, que evaluó la legislación, tomó en cuenta los comentarios vertidos por la Administración de Vivienda Pública (AVP), que advirtió que el Gobierno federal ocupa el campo que regula la venta de unidades de vivienda en residenciales públicos.

"La aprobación de esta enmienda no atenta contra la reglamentación federal existente, ni los principios sólidos que dieron paso a la aprobación, en 1996, de la Ley 55 que estableció como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la concesión de títulos de propiedad a todos los inquilinos de los residenciales públicos del País", destaca el documento suscrito por Vargas Ferrer.

"Mediante la aprobación de esta pieza legislativa, se evita la posibilidad de especulación con las unidades, en perjuicio de las personas en desventaja económica y de edad avanzada", añade. 

De igual forma, la Cámara dio paso por unanimidad a una medida que ordena a la Administración de Asuntos Federales (PRFAA, por sus siglas en inglés), en Washington D.C., a elaborar una lista de los programas y fondos federales que puedan emplearse para mejorar la seguridad de los ciclistas en las calles, y para desarrollar la infraestructura necesaria para el uso de la bicicleta como medio de transporte, recreación y deporte.

PRFAA tendría 60 días para presentar un informe en el que especifique los procedimientos requeridos para acceder a fondos del Gobierno estadounidense que permitan cumplir los propósitos de la medida.

"Necesitamos habilitar nuestras vías públicas para permitir la sana convivencia entre el ciclista y el conductor, velando por los derechos y obligaciones de ambos grupos", reza la exposición de motivos de la resolución conjunta.

La revisión de la infraestructura que propone la pieza incluiría los carriles designados para ciclistas en las vías de rodaje, la señalización y la iluminación en las carreteras.