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Multa al recinto de Río Piedras

Por María de los Milagros Colón 05/17/2017 |00:00 a.m.
La rectora interina Carmen Rivera asistió al tribunal, a donde los representantes de la UPR deberán acudir hoy para demostrar que cumplen con las multas y la orden. ([email protected])  
Complicado el panorama con la cuantiosa pena impuesta por el tribunal, tras no permitirse el acceso a la UPR

Eso de que “el tiempo es oro” se ha vuelto más real para la Universidad de Puerto Rico (UPR) que a partir de hoy deberá sacar de sus arcas $1,000 por cada día que el recinto de Río Piedras permanezca cerrado, además de pagar también hoy $5,000 de multa por incumplir con la orden del Tribunal de Apelaciones (TA) para abrir los portones.

Todo a través de su presidenta interina Nivia Fernández Hernández, ya que la jueza del Tribunal de Primera Instancia, Lauracelis Roques Arroyo, determinó que las acciones que llevó a cabo la institución, así como el recinto de Río Piedras particularmente, no fueron un “esfuerzo diligente y razonable” por cumplir con la orden de garantizar el acceso en o antes del pasado 11 de mayo.

Así se va complicando el panorama del primer centro docente del País en el que más de la mitad de sus unidades se encuentran paralizadas hace ya 41 días, 50 días en Río Piedras. 

Hace menos de dos semanas que se iniciaron los diálogos multisectoriales con Administración Central, pero “el diálogo” fue la herramienta principal de la primera testigo de la institución, la directora ejecutiva de la Oficina de Presidencia, Ivonne Huertas, para demostrar que se apuesta a una solución pacífica.

Sin embargo, la juez cuestionó por qué no se consideraron otros recursos, como pedir una reconsideración al Apelativo, una enmienda o un auxilio al Supremo.

 
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Esas podrían ser las opciones que barajee ahora la institución, ya que los días le cuestan miles y tienen hasta el 20 de este mes para solicitar la reconsideración.

Su abogado, Enrique Figueroa, no adelantó qué podrían contemplar, pero hoy les corresponde acudir una vez más al tribunal para acreditar el cumplimiento con las multas y la orden de injuction ymMandamus del TA.

Esto pica y se extiende ya que la Roques Arroyo fue enfática en que su rol es hacer cumplir la sentencia, no iniciar un proceso de mediación, tal como lo solicitó la institución el pasado viernes.

Este es el resultado de una demanda sometida por cinco estudiantes para garantizar su acceso al recinto de Río Piedras: Anamar Menéndez González, Rosaima E. Rivera Serrano, Carlos Vicente Villegas del Valle, Edwin Francisco Rivera Otero y Gabriela Firpi Morales con los abogados Pedro Vázquez y Javier López Vélez.

Un día triste y semanas por resolver

Fernández Hernández no estuvo en la vista, a diferencia de la rectora interina Carmen Rivera Vega, pero en horas de la tarde emitió expresiones en un comunicado de prensa, declarando ayer como “un día lamentable en la historia de la Universidad de Puerto Rico”.

Pero la tristeza no parece anunciar ánimos de llegar a un acuerdo.

El abogado Vázquez también destacó que la universidad se ha sentado a hablar “con todo el mundo menos con los demandantes”.

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