El presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Alberto Lázaro, afirmó este martes que la aprobación del proyecto de ley dirigido a reestructurar las finanzas de la corporación pública es la única alternativa al alcance para evitar un aumento significativo en la tarifa del agua tan pronto como en julio próximo.

Lázaro apoyó sin reservas el Proyecto de la Cámara 2786, que crearía la “Ley para la Revitalización de la AAA”, por entender que le daría a esa entidad las herramientas necesarias, no solo para reactivar sus operaciones y cumplir con el pago de la deuda, sino que le permitiría seguir adelante con el Plan de Mejoras Capitales (PMC), cuyos proyectos se mantienen en suspenso a raíz de la crisis financiera provocada por la falta de acceso al mercado de bonos.

“De ser aprobada la legislación propuesta, ello tendría un efecto positivo sobre la habilidad de la Autoridad para continuar con el PMC, allegarse fondos recurrentes para cubrir los costos relacionados a estos, y evitaría que la Autoridad tenga que implementar un aumento significativo a las tarifas correspondientes a los servicios de agua y alcantarillado sanitario”, manifestó el principal ejecutivo de la AAA durante una vista pública de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes.

“Este proyecto, para mí, ahora mismo, es quizás el último intento de nosotros poder hacer algo antes de inevitablemente tener que tocar la tarifa porque la Junta de Gobierno de Acueductos, algunos de sus miembros, ya han expresado que la Autoridad se encuentra batallando contra viento y marea de cosas que no están bajo su control, y lo único que está bajo su control son las tarifas. Eso sería lo único que la Autoridad podría controlar”, subrayó el funcionario.

Anticipó que el alza tarifaria podría ser de cerca de $10 mensuales, y aplicaría a clientes residenciales, comerciales e industriales.

Lázaro detalló ante los miembros de la comisión legislativa, encabezada por el representante Rafael Hernández Montañez, todas las medidas que han adoptado los directivos de la AAA desde el 2004, cuando la entidad pública dejó de ser operada por manos privadas, para estabilizar sus finanzas y dotarla de autonomía fiscal.

No obstante, enfatizó que una serie de eventos externos a la corporación pública, como la grave crisis fiscal del gobierno central y la igualmente complicada situación financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), frustraron los intentos de la AAA de salir al mercado de bonos para emitir deuda por $750 millones.

El titular de la AAA aclaró que la estructura tarifaria actual genera suficientes ingresos para cubrir los gastos operacionales, cumplir con el servicio de la deuda y cubrir los déficit proyectados, pero no contempla el desarrollo de los proyectos del PMC para los que siempre se recurría a emitir deuda para financiar sus millonarios costos.

Precisó que, debido a la crisis, la AAA determinó durante el semestre pasado culminar o paralizar casi todos los proyectos de mejoras capitales que tenía en agenda. Como parte de esa decisión, detuvo la ejecución de $352 millones en 55 proyectos que estaban en construcción, y dejó sin efecto el resto de los planes, que incluían el desarrollo de 86 proyectos adicionales a un costo de $247 millones. Estimó que la paralización de esas obras tiene como resultado directo el despido de aproximadamente 5,000 empleados del sector privado.

Asimismo, Lázaro mencionó que actualmente la deuda de la AAA con sus contratistas y suplidores oscila entre los $140 millones y $150 millones.

Al igual que el proyecto de revitalización de la AEE, que todavía no ha sido aprobado por la Legislatura, la propuesta para reestructurar las finanzas de la AAA descansa en la creación de una nueva corporación pública que pueda acceder al mercado de bonos municipales con un nuevo instrumento de inversión que tenga una clasificación crediticia que resulte atractiva a los inversores.

El representante Hernández Montañez, también coautor de la medida, dijo que la pieza legislativa tiene alta prioridad para él, y dijo que su objetivo es presentar la semana entrante el informe final para recomendar su aprobación.