El Departamento de Hacienda expresó hoy, sábado, su oposición al proyecto de la Cámara que extendería créditos a viviendas para personas de edad avanzada, por considerar que le costaría demasiado al fisco en momentos de crisis económica.

Sin embargo, la pieza legislativa contó con el aval del Departamento de la Vivienda y de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda.

En vista pública de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por el representante Rafael Hernández Montañez, el asesor legislativo y de asuntos municipales de Hacienda, Juan Vaquer, estableció que el proyecto “es contrario a la política establecida por la propia Asamblea Legislativa en relación a la crítica situación económica del erario de este país”.

El estatuto que se pretende enmendar es la Ley 140 de 2001, que se creó para impulsar el alquiler de viviendas de interés social para familias de ingresos bajos o moderados mediante la concesión de créditos contributivos por inversión en la nueva construcción o rehabilitación de vivienda. La intención del Proyecto de la Cámara 2045 es extender los beneficios provistos por esta ley para incentivar el desarrollo de vivienda para alquiler a personas de edad avanzada con el fin de que estos puedan tener una vivienda adecuada y segura.

La medida propone que un proyecto de vivienda que cualifique para este crédito podrá tener derecho a recibir hasta $25 millones en créditos por año fiscal y no más de $75 millones en total, por todo el crédito concedido.

“Esto es una cantidad exageradamente alta, sobre todo ante las actuales circunstancias del gobierno”, apuntó el representante de Hacienda. Criticó, además, que el proyecto no limita los costos que se considerarían parte de la inversión elegible para los créditos. “El Gobierno no está en condiciones de emitir créditos de esta magnitud”, sostuvo Vaquer.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Rafael Hernández Montañez, dijo que la agencia se opone al proyecto sin considerar la actividad económica que generaría la repartición del crédito, como la creación de empleos y la compra de materiales para construcción.

El secretario de Vivienda, Alberto Lastra, sí consideró que la medida generaría actividad económica al tiempo que atendería la necesidad de vivienda de las personas de edad avanzada, que según el Censo de 2010, representa una tercera parte de la población total del país.

Lastra consideró datos de la Junta de Planificación que apuntan a que una inversión de $80 millones en construcción o rehabilitación de una propiedad crearía cerca de 1,600 empleos directos e indirectos y unos 400 empleos inducidos. “Un proyecto de esta magnitud, estimamos inyectaría aproximadamente $55 millones de recaudos nuevos que no se tendrían a no ser porque se permita la legislación propuesta”, indicó.

El director ejecutivo de la Asociación de Constructores de Hogares de Puerto Rico, José Feliciano, por su parte, expresó las reservas que tiene la organización porque la medida condiciona la elegibilidad de un proyecto a que sea la construcción o rehabilitación de 300 unidades. “Es irreal y ajeno a la realidad económica o financiera de la industria de la vivienda y de la propia economía de Puerto Rico”, dijo Feliciano.

En su ponencia, Feliciano destacó que actualmente “no existe la oferta de financiamiento interino ni las condiciones en el mercado para presentar como un proyecto típico en el mercado uno que conste de 300 unidades”.

Mientras, de acuerdo con el representante Hernández Montañez, ya la comisión trabaja para enmendar el proyecto considerando las sugerencias presentadas por los deponentes. Su intención, dijo, es aprobar la medida antes de que culmine la presente sesión legislativa