Aunque un grupo de estudiantes del recinto de Río Piedras mueve sus fichas en los tribunales para “garantizar” acceso al recinto y ordenar a la Universidad de Puerto Rico (UPR) abrir los portones, no someterán un recurso legal contra los huelguistas.

“Nosotros no tenemos ninguna reclamación contra ellos, quien tiene reclamación contra ellos es la UPR”, dijo ayer el abogado de la parte demandante, Pedro Vázquez Pesquera, a su salida de la vista de interdicto permanente en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

El pasado 6 de abril, la jueza Lauracelis Roques Arroyo declaró no ha lugar el interdicto preliminar y el mandamus contenidos en la demanda.

Uno de sus argumentos es que no es la UPR misma y sus autoridades quienes impiden la entrada, sino el estudiantado. 

Para ello, otorgó cinco días a los demandantes para enmendar el recurso ya que “el tribunal tendría que tener a esas partes incluidas en ese caso”.

Sin embargo, para la parte demandante es la UPR la que debe llevar a los huelguistas a los tribunales. 

Vázquez Pesquera presentó el miércoles un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para que se revise y revoque esa sentencia parcial.

La jueza no dispuso una nueva fecha para la vista deinterdico permanente al entender  que se trata de una apelación, lo que paralizaría el proceso.

“Diferimos completamente con la interpretación del tribunal de que eso es una apelación, es un certiorari. Entendemos que [el proceso en el Tribunal de Primera Instancia] no está paralizado, nosotros vamos a actuar como si no estuviera paralizado”, planteó el abogado.