El abogado y contador Gerardo A. Rodríguez Negrón fue nombrado hoy, lunes, por el juez federal Gustavo A. Gelpí como monitor en el caso de los Centros de Salud 330.

La designación se hizo con el fin de evaluar las diferencias entre las partes en cuanto a la cantidad adeudada por el Departamento de Salud a los citados centros, así como para verificar que se hagan los pagos correspondientes, de ahora en adelante.

El nombramiento fue hecho por Gelpí mediante una orden en la que se consigna al inicio del escrito que había nominado al también abogado y contador César Soto Cintrón, quien fue fiscal especializado en evasión contributiva y delitos de cuello blanco, pero falleció recientemente.

El tribunal solicitó a las partes presentar en conjunto recomendaciones de posibles candidatos, pero "tal como ha pasado en los asuntos de este caso de más de una década de litigios, las partes no pudieron hacerlo y recomendaron candidatos por separado".

"A raíz de esto, la Corte designa al abogado Gerardo A. Rodríguez Negrón, quien también es CPA (contador público autorizado) para servir como 'special master' (monitor) de la Corte", lee la orden de Gelpí, quien recordó que el caso comenzó en 2003.

Destacó que el sueldo de Rodríguez Negrón será de $150 la hora, que deberá pagar el Departamento de Salud, "dado a que el Estado Libre Asociado ha sido la parte que no ha cumplido durante todo este litigio".

Como parte de sus labores, al monitor se le deberá proveer acceso a los departamentos de Salud y de Hacienda, a las oficinas de finanzas y a toda información relacionada a los pagos que el gobierno tiene que parear con fondos Medicaid en los llamados centros 330.

Las citadas instalaciones operan como corporaciones sin fines de lucro y de base comunitaria que proveen cuidado de salud primaria y preventiva. También conocidos como Federally Qualified Health Centers (FQHC’s) y reciben fondos del gobierno federal a través de la sección 330 del Public Health Service Act (PHSA) o Ley de Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos.

Sobre la labor del monitor, Gelpí estipuló que "sus responsabilidades son principalmente para asistir al Estado Libre Asociado a cumplir a tiempo los pagos que le corresponden a los demandantes, y asegurar que los dineros federales y estatales designados para este caso estén disponibles a tiempo y se usen para esos efectos".

El juez determinó que las partes tienen hasta el 23 de julio para someter una moción en conjunto con las opiniones y órdenes previas del caso y del Primer Circuito de Apelaciones de Boston para que el monitor las revise. De no hacerlo, advirtió Gelpí, se retrasarían los procedimientos y el periodo para que Rodríguez Negrón se familiarice con el caso, lo que llevaría a más gastos.

En 2012, Rodríguez Negrón fue designado como presidente de la Comisión de Investigación Especial Independiente del Tribunal Supremo (CIEITS) y actualmente es consultor legal y contributivo. Del 2001 al 2005 fue director de finanzas del Municipio de San Juan bajo la administración del entonces alcalde Jorge Santini, y de 1997 al 2000 fue vicepresidente ejecutivo del Banco de Desarrollo Económico bajo la administración del exgobernador Pedro Rosselló.

La semana pasada, el Primer Circuito de Apelaciones de Boston determinó no paralizar el embargo de las cuentas del Departamento de Salud, como solicitaron.

Fue entonces que alguaciles federales fueron al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) a recoger un cheque de $5,712,944.82, debido a que el total estimado adeudado era de $9,389,743, pero el gobierno pagó solamente $3,676,798.18.

A finales de junio, Gelpí ordenó a la presidenta del BGF, Melba Acosta, a emitir "de inmediato" un cheque para los Centros de Salud Primaria 330, esto como parte de la orden de embargo emitida. El gobierno procedió a presentar una solicitud de paralización de los procesos a nivel del Tribunal de Apelaciones, mediante recurso extraordinario. 

El 5 de junio pasado, Gelpí dio hasta el 17 de junio para que el Gobierno pagara los más de $9 millones adeudados a los llamados Centros 330, correspondientes a un pareo de fondos del programa Medicaid para el primer trimestre del 2015, esto luego de escuchar a las partes en una vista el 3 de junio. Advirtió entonces en la orden que de no cumplir con el pago, tendría que tomar medidas como embargar las cuentas correspondientes al Departamento de Salud. 

La secretaria de Salud, Ana Ríus, informó al momento de apelar que realizaron un proceso de auditoría que determinaba que la deuda era de $5.4 millones y no de $9.4 millones.

"No pagamos porque nos neguemos a pagar o porque no haya dinero sino porque se hizo una auditoría y lo que refleja es que la cantidad real a pagar es de $5.4 millones y no de $9.4 millones. El juez no aceptó la auditoría, dijo que primero pagáramos y luego se nombrará un monitor para hacer la correspondiente reconciliación, por eso estaremos apelando. Quiero destacar que esta es la primera vez desde los comienzos del caso de los 330 que se hace una auditoría con data real y no estimada", dijo en ese momento Ríus.

Los centros 330 ofrecen servicios primarios y preventivos, como pruebas de cernimiento, servicios de vacunación, nutrición, trabajo social, salud mental, dentista, planificación familiar, laboratorio y farmacia, entre otros.

Los centros demandantes son: Río Grande Community Health Center, Inc., Concilio de Salud Integral de Loíza, Inc., Dr. José Belaval Inc., Atlantic Medical Center, Inc., Camuy Health Services, Inc., Centro de Salud Familiar Dr. Julio Palmieri Ferri, Inc., Ciales Primary Health Care Services, Inc., Corporación de Servicios Médicos Primarios y Prevención de Hatillo, Inc., Corporación de Servicios Integrales de Salud Integral de la Montaña, Inc., El Centro de Salud de Lares, Inc., El Centro de Servicios Primarios de Salud de Patillas, Inc., Gurabo Community Health Center, Inc., Hospital General Castañer, Inc., Hospital General Castañer, Inc., Migrant Health Center, Inc., Morovis Community Health Center, Inc., Rincón Health center, Inc., y Toa Alta Comprehensive Urban/Rural Advanced Health Services, Inc.