Un nuevo grupo de empleados públicos presentó este jueves una demanda contra el Gobierno de Puerto Rico, en un intento por detener la vigencia de la Ley de Retiro a partir del próximo 1 de julio.

El abogado Edgar Vega Pabón –quien representa junto a Miguel Berdiales a los demandantes- explicó que se sometió en el Tribunal de San Juan un recurso extraordinario de sentencia declaratoria y una solicitud de interdicto preliminar y permanente.

“Solicitamos que se declare inconstitucional la Ley 3 del 4 de abril de 2013, en la medida que se aplica retroactivamente a todos estos empleados, en este caso de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), así como de otras agencias que se han incluido, que afecta directamente unos derechos adquiridos, de expectativa de poder retirarse según habían pactado con el Gobierno”, explicó el letrado en las afueras de la corte.

Según Vega Pabón, la mayoría de los demandantes en este caso, entre los que hay empleados de la Autoridad de Acueductos y alcantarillados, del municipio de Bayamón, y de los departamentos de Familia, Vivienda, Asuntos del Consumidor y Transportación y Obras Públicas, llevan sobre 25 años cotizando en el Sistema de Retiro.

“A la misma vez que estamos radicando esta acción aquí, se va a estar radicando –y ya se ha radicado en otros casos- una acción en el Tribunal Supremo pidiéndole que intervenga de inmediato a base de los poderes inherentes que tiene y a pesar de la Ley 18 que enmendó la ley para eliminar el recurso de certificación intrajurisdiccional”, precisó el abogado.

“Nosotros argumentamos que el Tribunal Supremo tiene facultad inherente para intervenir inmediatamente porque no tenemos tiempo de enfrentarnos a una ley que comienza su vigencia el 1 de julio, esperar que resuelva el Tribunal de (Primera) Instancia para luego ir al Tribunal de Apelaciones y finalmente ir al Supremo. En ese ínterin ya habrá pasado el 1 de julio”, agregó.

Vega Pabón precisó que hay consolidadas ante el Tribunal de San Juan otras tres demandas, que recogen a más de 300 empleados públicos de la Oficina del Contralor, la Oficina de Administración de Tribunales y la Policía, en las que se impugna la Ley de Retiro. Según el abogado, posteriormente se presentó otro pleito, de cual no pudo ofrecer detalles y al que se suma al suyo.

Juan Alicea Lozada, uno de los demandantes, explicó que lleva poco menos de 29 años de servicio en la AAA, donde actualmente funge como especialista de cumplimiento.

“Yo iba a recibir una pensión de un 75% y ahora, si me retiro, solamente recibiría un 35%. Terminaría recibiendo $1,300 (mensuales)… Con eso no puedo vivir”, dijo el hombre de 55 años y quien está cobijado por la Ley 447.

A los 23,000 empleados públicos que cotizaron su retiro bajo la Ley 447 de 1951, se les aumenta la edad del retiro de 58 a 61 años. Sin embargo, pueden retirarse al cumplir los 61 años, independientemente de que no tengan los 30 años de servicio.

 Alicea Lozada dijo sentirse defraudado por el Gobierno, a quien ofreció “lo mejor de mi vida”.

 “Siento que me quitaron lo que yo aporté, porque no me lo robé. Esos fueron años de sacrificio que salieron de mi salario. Defendí a este pueblo ante la EPA, el Departamento de Salud”, dijo el especialista en cumplimiento de la AAA.

Por su parte, Alejandro De Jesús, empleado de carretera en la AAA durante 28 años, indicó que los efectos de la Ley de Retiro "se están viendo", pese a que aún no ha entrado en vigor.

“La gente que pudiese tener la oportunidad de esperar unos cuantos meses (para retirarse) no lo va a poder hacer porque se tienen que retirar bajo las condiciones actuales, condiciones que no le permiten acogerse a una pensión de 65% o 75% porque no tienen la edad o porque no tiene completado el tiempo de servicio”, dijo.

A su juicio, el estatuto produce una “incautación” por parte del Gobierno, porque impide el retiro de las aportaciones hechas hasta el momento por los empleados públicos.

“No puedo sacar ni un dólar de ahí. El gobierno está jugando, especulando con dinero que sale del salario de cada trabajador de este país”, puntualizó De Jesús.