Una propuesta legislativa para crear una nueva agencia que atienda a las personas de edad avanzada fue rechazada este martes por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (Oppea).

La medida es evaluada por la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, ante la cual representantes de ambas agencias presentaron sus objeciones a la creación de la “Administración de los Asuntos de las Personas de Edad Avanzada”.

La ponencia presentada por la OGP y firmada por su director, Luis Cruz, resalta que ya el Ejecutivo sometió a la Legislatura una propuesta para consolidar procuradurías y la Comisión de Derechos Civiles en una sola estructura que se conocería, de aprobarse, como la Defensoría de los Derechos Humanos.

Esa estructura sometida por el Ejecutivo contrasta con la propuesta de este poroyecto de ley que "propone un esquema organizacional independiente, con siete negociados con sus respectivos directores, que incluyen áreas de administración y presupuesto, por ejemplo”. 

Ese esquema “no promueve el ahorro y la consolidación de servicios, según planteado en el esquema de la Defensoría, el cual permite la consolidación de varias entidades gubernamentales independientes”, dijo.

Tras señalar que con la aprobación de las Defensorías se proyectó un ahorro de $3.5 millones, se indica que “la medida que hoy nos ocupa no provee para que se alcancen ahorros por los mismos conceptos”. 

Por su parte, la procuradora de las personas de edad avanzada, Carmen D. Sánchez, objetó prácticamente todas las propuestas contenidas en el proyecto de Ley.

La principal objeción es la posibilidad de pérdida de fondos federales si se creará esta nueva estructura. “Los fondos están condicionados a que la Oppea sea un ente jurídico independiente y no una agencia adscrita al organigrama de administración gubernamental”, dijo.

Además, Sánchez advirtió de un posible conflicto de interés organizacional por la forma en que se propone integrar distintos organismos y funciones que ahora desarrollan o fiscalizan varias agencias.

También coincidió con la OGP en que la estructura organizacional propuesta con la creación de esta nueva agencia representaría un impacto fiscal y estaría por tanto en contra de la Ley de Sostenibilidad Fiscal, particularmente en lo que respecta a la reducción de nómina de empleados de confianza y otras medidas de reducción de gastos.