Objetan medida para tramitar licencias de armas

Por Nydia Bauzá / [email protected] 02/08/2018 |11:45 p.m.
La asesora legal del DSP, Estrella Mar Vega, explicó que la ley propuesta eliminaría muchos requisitos para expedir las licencias y hasta la facultad de los agentes del orden público de ocupar armas de fuego en algunos casos. ([email protected])  
Oposición de agencias de Seguridad deja al descubierto fallas de la propuesta ley.

El Departamento de Seguridad Pública (DSP), el Negociado de la Policía y el Departamento de Justicia rechazaron ayer un proyecto de ley que flexibilizaría las licencias de armas de fuego, su uso y portación.

La asesora legal del DSP, Estrella Mar Vega, argumentó en una vista pública en el Senado que la medida trastoca el estado de derecho vigente en torno a la expedición de licencias que “más allá de mejorar el sistema actual, podría afectar el campo de seguridad pública”. 

Vega detalló que la medida permitiría que personas privadas o entidades jurídicas autorizadas puedan expedir licencias de armas de fuego, permite el uso de silenciadores, la compra de pólvora sin necesidad de una licencia de explosivos expedida por la Policía y permite que cualquier licencia de armas entregada en cualquiera de los 50 estados de los Estados Unidos sea válida en Puerto Rico.

“El problema se torna aún más serio, puesto que en las ferias de armas que se celebran en muchos estados, la persona que pretenda vender su pistola, revólver, rifle o escopeta a un comprador de segunda mano, solo tiene que saber que éste sea residente, pero no tiene el deber legal de verificar sus antecedentes ni pedirle ningún tipo de documento”, sostuvo la asesora legal.

Puntualizó que la gran mayoría de armas ilegales incautadas en Puerto Rico proviene de los Estados Unidos, específicamente entre un 60% a un 66% de la Florida.

Vega dijo también que la medida elimina como requisitos para expedir las licencias, el certificado de antecedentes penales, la certificación de no tener deudas con ASUME y el someter una declaración jurada de tres testigos que establezcan que el peticionario goza de buena reputación.

Además, elimina la facultad de los agentes del orden público de ocupar armas de fuego, salvo en casos de presentación de cargos criminales. 

El director del Negociado de Armas de la Policía, comandante Gerardo Oliver Franco, indicó que el proyecto de ley “legaliza” el uso del silenciador aquí, al catalogarlo como parte de un arma de fuego.

 “Si nos remontamos a las situaciones que han ocurrido en los Estados Unidos, la alerta que nos da a nosotros el sonido de los disparos con un silenciador, empiezan a caer personas y no sabemos de dónde vienen los disparos ni lo que vamos a hacer”, comentó.

Pese a la oposición a la medida, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Henry Neumann insistió en que la medida está viva.

“La oposición no fue tan férrea como esperábamos. Son oposiciones más bien cosméticas que mantienen el proyecto sumamente vivo y con grandes posibilidades de convertirse en ley”, observó el senador. 

En cuanto al uso del silenciador, Neumann aclaró que será una de las enmiendas porque una persona que quiera protegerse no necesita de este dispositivo que se coloca en el cañón de algunas armas para amortiguar el ruido.

El autor de la medida, senador Nelson Cruz Santiago, adelantó que el proyecto es salvable y sostuvo que está dispuesto a sentarse con la Policía a hacerle enmiendas.

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