La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) evalúa la posibilidad de que ayer jefes de agencia hayan violado la ley al participar en la actividad donde se anunció la radicación de un proyecto para adelantar la estadidad.

Lea Tildan de ilegal participación

"La directora ejecutiva (Zulma Rosario) recibió el referido realizado por los representantes Jesús Manuel Ortíz y Carlos Bianchi Angleró y ya la oficina comenzó una evaluación sobre el asunto", dijo hoy la portavoz de OEG, Jennifer Rodríguez Ayala.

Ayer, mediante solicitud a OEG y al Departamento de Justicia, los legisladores populares alegaron la violación a la ley 178 de 2001 que prohibe a  los Secretarios de Educación, Hacienda, Justicia y al Superintendente de la Policía, participar en cualquier actividad que tenga contenido político partidista o de fórmula de estatus".

Los legisladores advertían que esta ley provee que sí es válida la participación de estos funcionarios si son autorizados por el gobernador y tienen una recomendación de la jefa de OEG.

Rodríguez Ayala dijo que "Ética no fue consultada".

La portavoz aclaró que OEG tiene jurisdicción exclusiva sobre las disposiciones de la ley de Ética Gubernamental, pero que aún no se sabe si se violó alguna disposición de ese estatuto.

El artículo 4.2 ley de Ëtica de 2012 prohibe, en su inciso K, a un servidor público, mientras se encuentra en funciones de su trabajo fomentar actividades que promuevan los intereses electorales de cualquier partido o candidato político, y en su inciso L, emplear de su tiempo para realizar o participar en una actividad política.

Dicen que es válido porque se trata de "política pública"

Al menos un legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP) y algunos de los funcionarios implicados alegaron que no hubo violación de ley porque la radicación del proyecto de admisión a la estadidad es cónsona con la política pública de esta administración.

El representante novoprogresista, Georgie Navarro Suárez, catalogó la movida de ridícula… “y una combinación de politiquería con desconocimiento”.

"Donde botan la bola, es cuando dicen que los jefes de agencias tenían que ser autorizados por el Gobernador, previa recomendación de Ética, para poder asistir a la presentación de una medida que es parte de la política pública establecida en la Ley 7 de 2017, mejor conocida como la Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico,” añadió en sus declaraciones escritas el legislador.

Por su parte, la secretaria de Educación, Julia Keleher, dijo que en el Congreso no se permiten actividades políticas.

"Sobre mi visita junto decenas de puertorriqueños a la Capital Federal y las críticas diciendo que participé de un acto político, lo cierto es que no lo es. Participé de un evento oficial sobre política pública, de hecho en el Congreso no se permiten actividades políticas. De haber sido una actividad política no se hubiese permitido un evento tan emotivo y significativo como el de hoy, máxime con representantes del Congreso allí", dijo Keleher.

Similar fue la respuesta del secretario de Hacienda. "Asistir al Congreso para un asunto de política pública NO constituye participar de un acto de proselitismo político", sostuvo.