La Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión, conocida también como la Oficina de Comunidades Especiales de Puerto Rico, solicitó a la Asamblea Legislativa un aumento en la asignación presupuestaria que se le recomendó para el próximo año fiscal, tras reclamar su directora, María de Lourdes Rivera Grajales, que no podrán cubrir sus gastos con la misma.

El presupuesto recomendado para esta agencia es de $3.6 millones, lo que según su coordinadora general, representa una reducción de $541,000, en comparación con el presupuesto vigente.

“Respetuosamente traemos ante la consideración de esta Honorable Comisión que luego de haber hecho todos los ajustes necesarios, tendríamos una insuficiencia presupuestaria de aproximadamente $185,300, por lo que solicitamos se considere esta insuficiencia y de nos asigne el presupuesto adicional”, sostuvo Rivera Grajales ante la Comisión de Hacienda de la Cámara.

Al detallar sus necesidades, sin embargo, la funcionaria incluyó entre sus obligaciones para el próximo año el cubrir los beneficios adquiridos en la negociación del convenio colectivo del año fiscal 2014-2015, que dijo tiene un impacto de aproximadamente de $140,658.

 El reconocimiento de esas obligaciones es una de las que se prohíbe en el proyecto que crea la Ley de Sustentabilidad Fiscal que discute la Asamblea Legislativa y que se considera la base del presupuesto que presentó el gobernador a la Legislatura.

Rivera Grajales aseguró que esa oficina se encuentra en plena reorganización y resurgimiento, cuenta con una visión clara y con programas e iniciativas específicos “que necesitan recursos económicos y humanos para su implantación”.