Vergüenza y enojo.

Eso es lo que sienten los profesores, estudiantes y empleados no docentes ante el paquete de privilegios de los que disfrutará el presidente saliente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Miguel Muñoz, tras su renuncia, que se hace efectiva hoy.

Portavoces de diferentes organizaciones anunciaron que ya evalúan los mecanismos que tienen para detener por la vía judicial los beneficios económicos, incluyendo secretaria y oficina privada, que la Junta de Síndicos le aprobó ayer a Muñoz horas antes de quedar desintegrada.

El grupo entiende que las concesiones, que también incluyen aumentos de sueldo que le hubiesen tocado como catedrático y que no recibió por estar en el cargo de presidente, y la liquidación de todos los excedentes de licencias se otorgaron de manera ilegal, ya que no hubo un estudio de cuánto le costaría a la Universidad.

El grupo dijo en conferencia de prensa que ni siquiera los profesores han podido disfrutar del pago de exceso de días por enfermedad y vacaciones, por lo que es inmoral que se le pague a Muñoz.

“(Muñoz) nos dijo ‘ustedes tienen que sacrificarse y ser pacientes’... pero él tiene que dar el ejemplo”, expresó Lida Orta, presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU).

No se equivocó

Muñoz ofreció una rueda de prensa ayer para explicar su renuncia y se defendió a brazo partido diciendo que fue prudente en sus peticiones, y aseguró que arregló las finanzas de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Según dijo, su renuncia nada tiene que ver con las investigaciones de la Oficina del Inspector General de Estados Unidos por alegadas irregularidades en el uso de fondos federales.

Indicó que tampoco dejó el cargo por la polémica surgida a raíz de la emisión de tres cheques por $50,000 cada uno a un estafador que se hizo pasar por el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jorge Colberg.

“Yo no tenía intención de renunciar... pero no me dejaron otra opción”, sostuvo.

Pero su posición cambió al ver que la Legislatura y el gobernador, Alejandro García Padilla, se aprestaban a aprobar la ley que elimina la Junta de Síndicos.

“Yo había discutido con mi personal que, al momento en que entendiera que se iba a aprobar ese proyecto de ley, que claramente atenta contra la autonomía universitaria y que cuyo propósito era solicitarle la renuncia a este servidor, (entonces) yo iba a someter mi renuncia ante la Junta de Síndicos que me nombró”, declaró Muñoz.

Sobre la investigación federal, Muñoz aseguró que ya tenía listo el plan correctivo para presentarle a la National Science Foundation (NSF), que mantiene congelados $30 millones para investigaciones académicas tras supuestas irregularidades.

Muñoz dijo que, contrario a pasados presidentes, él sí atendió el asunto y que lo hubiera aclarado de no haberse pospuesto la visita de la NSF el mes pasado. Al mismo tiempo, descartó responsabilizar directamente al hermano del gobernador y ex presidente del ente universitario Antonio García Padilla por la falta de acción.

“Hicimos un trabajo de primera en momentos en que la Universidad estaba en un momento sumamente difícil”, expresó.

Asimismo, defendió las concesiones y que podrá continuar usando equipos como su computadora e impresora.

“(Es) una justa compensación por lo que me corresponde como ex presidente”, afirmó.

Ante su planteamiento de que estabilizó las finanzas y por eso se le puede otorgar lo que pidió para él y los 11 rectores, los portavoces de las organizaciones se echaron a reír todos a la vez, en una mezcla de sorpresa e incredulidad.

“La Universidad ha operado endeudándose... a base de deuda es la estabilización de él”, denunció Ana Matanzo, síndico claustral.

El grupo emplazó, además, al gobernador y a la Legislatura a que nombren una comisión que trabaje una “verdadera reforma universitaria”, ajena a los vaivenes políticos, porque la ley que eliminó la Junta de Síndicos es “solo un parcho”.

La comisión debe estar integrada por todos los sectores universitarios con poder para nombrar las personas que integrarán la nueva junta, según coincidieron.

Al cierre de esta edición, también renunciaron los rectores de los recintos de Ciencias Médicas, Mayagüez, Utuado y Bayamón, todos con diferentes fechas de efectividad.

Preocupación por sucesora

Mientras se dilucida quiénes serán los nuevos miembros de la junta, la comunidad universitaria puso el grito en el cielo al enterarse de que Ivis Aponte, vicepresidenta de Asuntos Académicos, se quedará al frente de la institución.

Y es que, según reveló Christopher Torres, ex síndico estudiantil, Aponte está casada con Brad Weiner, decano de Ciencias Naturales y quien es objeto de una investigación de la NSF por la presunta malversación de fondos del programa.

“Dejar a cargo a Aponte es ir de Guatemala a Guatepeor. Además, estamos hablando de una funcionaria que, contrario a lo ideal, solo tiene maestría, no tiene un doctorado”, denunció el líder estudiantil.

Según Torres, hay un conflicto de intereses de permanecer Aponte dirigiendo los destinos de la Universidad.