La Sociedad Puertorriqueña de Oftalmología acusó este miércoles a los autores del proyecto el Senado 991, que permitiría a los optómetras recetar y hacer algunos procedimientos quirúrgicos, de responder a “intereses creados”.

El oftalmólogo Emilio Arce López, quien representó a la organización en una vista pública de la Comisión de Salud de la Cámara Alta dijo que “los intereses creados han llevado a legisladores a la cárcel”.

El galeno aludió al convicto senador Jorge de Castro Font.

En 2008 durante la investigación federal a De Castro Font salió a relucir que el entonces cabildero del Colegio de Optómetras, el abogado Guillermo Zúñiga, le habría pagado $120,000 al legislador penepé para influir en el proceso de aprobación de medidas.

La aseveración de Arce López enfureció al presidente de la Comisión de Salud, José Luis Dalmau, mientras que la senadora independentista María de Lourdes Santiago, quien es coautora de la medida, abandonó molesta la audiencia legislativa. 

“Lo que piden (los optómetras) es una carta blanca sin ningún tipo de restricción, para poder prescribir todo tipo de medicamentos visuales. El optómetra que quiera convertirse en médico que vaya a la Escuela de Medicina, no a la Legislatura”, dijo Arce López.

El médico cuestionó las motivaciones de “algunos legisladores” al radicar por petición la medida y dijo que no se sabe quiénes son los peticionarios. Dijo que el proyecto de ley pretende equiparar por ley a los optómetras con los médicos generales y oftalmólogos, “concediéndoles por fiat legislativo” el derecho a diagnosticar enfermedades, recetar medicamentos y realizar ciertos procedimientos.

“Me apena y me parece profundamente impropio que ustedes insinúen que yo estoy sometiendo este proyecto por intereses”, dijo la senadora Santiago. Recordó que el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) ha apoyado la iniciativa al menos por cuatro cuatrienios.

Añadió que la medida se radicó en consulta con las tres delegaciones y un grupo de optómetras.

Dalmau dijo por su parte que no permitiría “insinuaciones falsas sin ninguna documentación que pretendan manchar a mis compañeros y los trabajos de la Comisión”.

“Es nuestra responsabilidad evaluar el impacto de esa legislación y escuchar a todos los sectores. Rechazo el señalamiento de que este proyecto esté motivado”, sostuvo el senador popular.

“El problema de este proyecto es económico. Nadie se atreve a decirlo y yo lo voy a decir”, afirmó Dalmau.

La pasada presidenta de la organización, Elena Jiménez, pidió disculpas a los miembros de la Comisión y dijo que la referencia de los intereses había sido a los optómetras no a los legisladores.

En su extensa ponencia, Arce López dijo que actualmente en Puerto Rico hay 204 oftalmólogos, de los cuales, 119 “aceptan el Plan Mi Salud” del Gobierno.

Rechazó que en el País exista un problema real de falta de acceso a estos profesionales y añadió que en la Isla hay 6.54 oftammólogos por cada 100,000 habitantes.

Sostuvo que el proyecto de ley no es necesario y que presenta “riesgos” a la ciudadanía. Mostró un vídeo de un procedimiento vaso lacrimal y alertó que si en la intervención se le rompiera un capilar al paciente, el optómetra no tiene el entrenamiento para manejar la emergencia.

 El galeno dijo que la medida “no garantiza en forma alguna una atención más pronta y eficiente de la salud visual” de los puertorriqueños.

“En la consideración de este proyecto tengan presente de que se trata de la salud integral de los puertorriqueños lo que está en sus manos. Los optómetras no son médicos. Las enfermedades del aparato visual humano trascienden los ojos”, indicó el oftalmólogo.

Además de Santiago, son coautores de la medida, los senadores Jorge Suárez, del PPD; y Ángel “Chayane” Martínez, del PNP.

Durante las pasadas dos décadas se han sometido en la Legislatura varias medidas con el mismo objetivo, y no han conseguido el apoyo necesario para su aprobación.